La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, la aplicación de medidas cautelares de protección en favor de las señoras Silvia Vázquez Camacho y Blanca Margarita Mesina Nevárez, quienes realizan acciones en defensa de los derechos humanos en la ciudad de Tijuana, en esa entidad.
Ambas son integrantes de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. y manifestaron en su queja el temor fundado que tienen ante las amenazas de muerte y actos intimidatorios de que han sido objeto.
La abogada Vázquez Camacho refirió que el pasado 2 de febrero recibió una llamada telefónica en el domicilio de sus padres, en la que fue amenazada de muerte y que el día 17 de ese mismo mes hubo el intento de incendiar la camioneta de su hermano.
Señala que lo anterior es consecuencia del trabajo que desarrolla para documentar casos de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por autoridades municipales y personal militar que participa en los operativos contra la delincuencia organizada.
Por su parte la señora Mesina Nevárez representa a 25 policías que fueron detenidos y presuntamente torturados en el 28° Batallón Militar durante marzo y mayo de 2009; como consecuencia de ello el 28 de febrero pasado recibió tres llamadas en su teléfono celular, en que la amenazaron para que abandone el caso.
Refiere que estos hechos han tenido lugar luego de las denuncias que ha formulado por abusos militares contra la población y el acompañamiento que da a las víctimas y sus familiares ante las instancias legales en busca de justicia.
La solicitud para la aplicación de medidas cautelares tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 6, fracción II, y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno.
Con ello se pretende garantizar la seguridad e integridad física de las dos activistas de derechos humanos y evitar la consumación de hechos de difícil o imposible reparación.
La CNDH permanecerá atenta a la evolución de los hechos y en su momento dará a conocer la resolución que conforme a derecho corresponda.
Fuente: Tomado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos