BUENOS AIRES: Denuncia penal contra policías por violento desalojo

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires denunció por vejaciones y apremios ilegales al personal de la División Roca de la Policía Federal Argentina por el violento desalojo que se realizó en el asentamiento de Av. Vélez Sársfield y las vías del ferrocarril, ubicado en la Villa 21. 24, el pasado 10 de noviembre.

Las personas que residían en ese predio manifestaron ante la Defensoría del Pueblo porteña haber sido víctimas de violencia y abuso por parte de los efectivos de la Policía Federal que intervinieron en el desalojo.

Los numerosos testimonios recibidos en la Defensoría se refirieron a la brutalidad en el accionar de los policías, a la falta de uniforme o identificación de la mayoría de ellos y a la portación visible y uso de picanas eléctricas.

Por otro lado, la orden de desalojo y demolición de las viviendas en el mismo procedimiento no fue comunicada con la anticipación necesaria a las familias afectadas para que puedan resguardar sus bienes.

Según las declaraciones obtenidas, los efectivos policiales irrumpieron en el lugar y retiraron sin el más mínimo cuidado todos los elementos que se encontraban dentro de las casillas, tiraron abajo las viviendas con palas mecánicas y luego cargaron lo colectado en una formación del ferrocarril.

En el texto de la denuncia penal, presentado por la Defensora del Pueblo Alicia Pierini, señala que “estamos frente a la criminalización de la usurpación y desalojo compulsivo por medio de la violencia, apremios ilegales, topadoras y picana”, y que: “El Estado debe adoptar las medidas acertadas para proveer de seguridad a quienes viven en los asentamientos urbanos”. A raíz de estos actos de violencia que también sufrieron mujeres con sus bebés en brazos, se destaca que “los niños y adolescentes constituyen un grupo que debe ser protegido especialmente ante situaciones como las denunciadas”.

El titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 2, Dr. Carlos Bentolila, fue quien ordenó el allanamiento del predio para restituir el terreno a la empresa Ferrosur S.A

FUENTE: Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, Argentina.