El 95% de dichos profesionales del derecho perdieron la vida víctimas de las armas de fuego. La mayoría de ellos fueron ejecutado en el interior de su vehículo luego de ser atacados por sicarios que se transportaban en motos o en automóviles.
Alrededor de 25 profesionales del derecho perdieron la vida en forma violenta, en los últimos 15 meses, cifra que se suma a la larga lista de abogados ejecutados en los últimos años, revela un informe divulgado por el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
El informe destaca, como uno de los hallazgos, que la mayoría de las víctimas fueron objeto de atentados criminales por parte de sicarios que se conducían en motocicletas o automóviles. Ramón Custodio, titular del organismo humanitario, expresó que dada la situación de inseguridad que se vive en el país, el ejercicio del derecho se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen.
Declaró que Honduras experimentó en los últimos años, altos niveles de inseguridad pública que se refleja en las ejecuciones extrajudiciales de personas que a diario se cometen en el país. Se estima que Honduras registra un promedio diario de 19 muertes violentas o una víctima cada 74 minutos.
Producto de esa inseguridad, dijo Custodio, varios abogados ven como se pone en peligro su derecho a la vida, al trabajo e incluso a ser objeto de agresiones contra su integridad física y la de sus mismos familiares.
De hecho, reiteró, la labor que realizan los profesionales del derecho se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen. El informe remitido al Congreso Nacional hace énfasis que en un Estado de derecho, los abogados desempeñan una función importante en la protección de las libertades fundamentales de la persona humana.
Añade que todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión tendrán derecho a la asistencia de un profesional del derecho para que lo proteja y defienda en todas las fases del procedimiento penal.
De al menos 25 víctimas registradas por el CONADEH, en los últimos 15 meses, 18 son hombres y 7 mujeres, establece el informe. De acuerdo a los registros del organismo humanitario, entre los abogados que murieron en forma violenta hay especialistas en derecho penal, derecho mercantil, que se dedicaban al ejercicio de su profesión y otros que combinaban su profesión con otras actividades empresariales y religiosas.
En la lista de profesionales del derecho ejecutados también aparece un miembro del SITRAINFOP, un juez de Tránsito, un fiscal del Ministerio Público y un juez de letras.
En el caso del fiscal del Ministerio Público las autoridades policiales responsabilizaron inicialmente del hecho violento a un ex policía luego que éste fue ejecutado en una gasolinera, no obstante, producto de investigaciones posteriores se encontró que otro miembro de la policía activo era el supuesto responsable del crimen.
Otro de los hallazgos que revela el informe del CONADEH es que alrededor del 95% de los profesionales del derecho ejecutados fueron víctimas de las armas de fuego, mientras que uno murió estrangulado por sus victimarios y su cuerpo dejado en el baúl de un automóvil.
Impunidad prevalece en la ejecución de abogados
El documento establece que alrededor de una docena de profesionales del derecho fueron ejecutados en el interior del vehículo en que se transportaban, en algunos casos, las víctimas incluso se encontraban en compañía de sus hijos, esposa, de su trabajadora y de su conductor
Otras de las víctimas murieron violentamente en su propia vivienda o cuando estaban a punto de ingresar a ella. Un hecho violento se reportó en una calle cercana a un establecimiento comercial y uno frente a los juzgados de Comayagüela.
Del total de víctimas, el 48% murieron en Francisco Morazán, el 28% en Cortés, 4% en Yoro y 12% en Atlántida, 8% en Olancho. En el documento se señala que, en al menos 18 casos, los responsables del crimen son personas desconocidas, posiblemente contratadas para ese fin, en 5 se cree que fueron asaltantes y, en 2, se responsabiliza a miembros de pandillas.
Agrega que al momento de ejecutar a los profesionales del derecho, en más de una docena de casos los victimarios se conducían en vehículo, en cerca de una decena iban en motocicleta y en 1 a pie. Investigaciones preliminares indican que en la mayoría de los casos prevalece la impunidad por la falta de castigo a los responsables de los crímenes cometidos contra los profesionales del derecho.
Continúan amenazas y atentados contra profesionales del derecho
Además del registro de la muerte violenta de los profesionales del derecho, el CONADEH también atendió de manera directa y de oficio las amenazas a muerte y los atentados contra miembros de este gremio.
En el informe se menciona para el caso que el 12 de agosto del 2011, un abogado penalista denunció ser objeto de amenazas a muerte por parte de desconocidos que le enviaban mensajes amenazantes a su celular. «Te doy cinco días o si no te van a encontrar bien pasconeado y juco en alguna cuneta.» Rezaba uno de los mensajes.
El 13 de septiembre de ese mismo año, un abogado, ex funcionario del actual gobierno denunció ante el CONADEH que él y su familia fueron víctimas de amenazas a muerte y seguimiento por parte de personas desconocidas. Días después el ex funcionario tuvo que abandonar el país para salvaguardar su vida.
Gobierno obligado a investigar crímenes contra abogados
El ombudsman hondureño exhortó a las autoridades encargadas de la seguridad en el país a realizar las investigaciones pertinentes hasta dar con el o los responsables de la comisión de estos crímenes, someterlos a la justicia y ponerle un punto final a este capítulo de impunidad.
Se debe garantizar, dijo Custodio, que los abogados hondureños desempeñen sus funciones profesionales sin ningún tipo de intimidación, obstáculo, interferencia ni acoso que ponga en peligro su integridad física y la vida de su familia.
Indicó que el gobierno está en la obligación de brindarle, a los profesionales del derecho, la debida protección, principalmente cuando su integridad física y la vida esta en riesgo como producto del ejercicio de su profesión. Se estima que en los últimos años casi un centenar de abogados han perdido la vida en circunstancias violentas aún no esclarecidas por las autoridades encargadas de la investigación en el país.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras