Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) respecto de muertes violentas suscitadas durante 2014, los más afectados fueron adolescentes y jóvenes entre 15 y 18 años de edad, por lo cual la defensora de la Niñez y Adolescencia de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Gloria Castro, indicó a un medio informativo que es obligación del Estado garantizar la seguridad y el desarrollo integral de las niñas y niños.
Manifestó que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la protección y la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, social y espiritual, por lo que al no contar con políticas de prevención del delito a través de la seguridad ciudadana, el Estado incumple con garantizarles sus derechos fundamentales y es necesario que se desarrollen acciones acerca del control de armas y la delincuencia, ya que es una de las situaciones que afectan la vida de este grupo etario por balas perdidas o situaciones violentas en sus comunidades.
La funcionaria se refirió a que el crimen organizado involucra cada vez más a niñas y niños en la comisión de situaciones delictivas, lo cual también tiene que ver con las políticas del Estado cuando estos presentan una situación vulnerable y pueden ser fácilmente enganchados por estas bandas criminales.
Indicó que es importante que las políticas de prevención del delito también lleguen al interior del país y no sean focalizadas en una población específica puesto que en muchas ocasiones se centralizan únicamente en la ciudad capital y no en áreas con pobreza y pobreza extrema.
«Es importante hablarle a la población, niñas y niños, así como a padres de familia respecto de las bandas delictivas, puesto que involucran a la niñez y la adolescencia en la comisión de delitos», puntualizó la defensora.
FUENTE: Procuraduría de los Derechos Humanos de la República de Guatemala