La defensora de las Personas Víctimas de Trata de la institución del PDH, Sandra Gularte, en entrevista con Emisoras Unidas, sobre el rescate de más de 30 niñas, niños y adolecentes víctimas de trata de personas.
En una entrevista realizada a la defensora de las Personas Víctimas de Trata de la institución del Procurados de los Derechos Humanos, Sandra Gularte, el 12 de septiembre, en el programa «A Primera Hora», transmitido por Emisoras Unidas, acerca del rescate de más de 30 niñas y niños víctimas de trata, dijo que el Estado de Guatemala vedó las oportunidades de las niñas, niños, y adolescentes rescatados el 10 de septiembre, en varios operativos de las fuerzas de seguridad, permitiendo que cayeran en las manos de redes criminales, por lo que ahora le toca restituir los derechos de las víctimas.
La funcionaria del PDH reconoció la labor del Ministerio Público (MP) en el recate, ya que las niñas, niños y adolescentes perdieron sus proyectos de vida, libertad y dignidad, sumergidos en un ámbito de violencia y esclavitud, puesto que ninguno de los niños rescatados tenía a sus progenitores o tutor que estuviera con ellos, por lo que se investigará a las familias que permitieron que a sus hijos les violaran sus derechos humanos.
Al consultar a las niñas, niños y adolescentes, indicaron que eran obligados a mendigar, lo que se evidenció con el dinero encontrado en las casas allanadas. Por lo que la Defensora exhortó a la población a no darles dinero a las niñas, niños y adolescentes, ya que con ello se fortalece al tratante que permite explotar cada día más a estos niños víctimas de las redes de trata de personas que operan en el país.
Según las investigaciones efectuadas por la oficina del Magistrado de Conciencia, los niños rescatados son originarios del municipio de Nahualá, del departamento de Sololá, en donde se detectó que desde hace varios años niñas y niños son entregados a personas que los someten a trabajos con fines de explotación sexual o laboral, por lo que ahora le toca a la Procuraduría General de la Nación (PGN) hacer una evaluación económico-social y determinar las causas que genera que familias entreguen a sus hijos, debido a que se desconoce si son entregados porque son amenazados, engañados o si realmente ven a sus hijas e hijos como mercancías.
FUENTE: Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala