La violencia, la pobreza, la explotación y el abandono son los más grandes problemas que la infancia, niñez y adolescencia enfrentan, producto de la práctica y ejercicio de la violencia habitual que ejercen en su contra; la disminución de valores familiares y morales y el persistente individualismo, alertó este sábado el Defensor del Pueblo Rolando Villena.
Villena, al presentar la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, manifestó que otros de las causas que vulneran sus derechos son el adultocentrismo, visión ideológica que asume que ellas y ellos no son personas integradas a la vida social, económica, política y cultura del país y que sus derechos solo los pueden ejercer con la autorización, interpretación y decisión de los adultos. A esto se suma la impunidad en los casos de denuncias y un insensibilización social en torno a problemas como la violencia generalizada y la pobreza, producto de una ineficiente aplicabilidad de las normas y la inexistencia de políticas públicas y de conciencia ciudadana.
Los últimos datos oficiales que datan del año pasado señalan que en el mundo 8 de cada 10 niñas y niños son víctimas de agresión sexual antes de cumplir los 18 años. En Bolivia el porcentaje es del 23%. En el caso de las niñas, las cifras globales muestran 20% de agresiones a menores de 18 años; en Bolivia llega al 34%.
Un dato que se mantiene es que el 83% de las niñas, niños y adolescentes sufren violencia en sus propios hogares o escuelas, a través de la práctica del castigo físico, mediante golpes e insultos de sus propios padres, madres, maestros y su entorno familiar; más de 20 mil viven en centros de acogida, de estos el 75% tiene familia.
Más de mil aún viven en cárceles acompañando a sus padres; todos ellos en grave riesgo de sufrir violencia y explotación de todo tipo; cerca de 10 mil se encuentran viviendo en la calle, principalmente en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, mientras otros miles son víctimas de la violencia sexual comercial, la trata y el tráfico. De cada 10 estudiantes, siete recibieron alguna vez un grito o golpe en la escuela.
El Defensor destacó la disminución de los niveles de pobreza en el país como resultado de las políticas públicas eficientes; la reducción de la mortalidad infantil; implementación de programas especiales para disminuir la deserción escolar, el acceso a salud; sin embargo estos avances, lamentó; aún tienen el sesgo de la discriminación ya que se ejercen de manera completa e integral en las ciudades pero en el área rural, las diferencias son notables y lo son más aún en las naciones y pueblos indígenas originarias
En cuanto a la explotación infantil, Villena indicó que en el país existen unos 850 mil niños, niñas y adolescentes, que representan el 28% de la población de entre 5 y 17 años, realizan diferentes actividades económicas: 397 mil en las ciudades y 452 mil en el campo. De estos, más del 87% está inmersa en trabajo infantil peligroso que pone en riesgo su salud, su integridad física, mental y dignidad, como son la zafra de caña, la recolección de castaña, la minería, pesca, ladrillería, venta de bebidas alcohólicas, recolección de basura, limpieza de hospitales, servicios de protección y seguridad, trabajadoras del hogar y voceadores del transporte.
El abandono, dijo, es otro problema que preocupa a la Defensoría del Pueblo, pues las cifras muestran que cada año 900 infantes, niños y niñas son abandonados en el país, muchos de ellos dejados en las calles o en basureros. Se este total, el 40% queda en total orfandad. Otro tema pendiente, acotó, es la trata y tráfico de personas.
Ante este preocupante panorama, Villena dijo que la institución defensorial plantea la necesidad de un cambio de visión y enfoque en la relación con las niñas, niños y adolescentes, cambio que, afirmó, debe plantearse desde las perspectivas racional y emocional.
«La Defensoría del Pueblo plantea una visión basada en que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho en toda circunstancia, espacio, ámbito o situación; la necesidad de romper y eliminar la visión adulto centrista de nuestra sociedad; consultar y considerar sus opiniones, percepciones, sugerencias, demandas o exigencias; y promover la promulgación de normas que faciliten y promuevan la conformación de ámbitos e instituciones que viabilicen la participación de niñas y niños en los ámbitos políticos, sociales, culturales y otros, no solamente de manera simbólica sino efectiva, donde no solo se escuche su voz sino que se atienda sus demandas», manifestó.
En ese marco, llamó a iniciar de manera urgente un acción integral, eficiente, decidida y enérgica que se plantee metas cuantitativas y cualitativas anuales específicas para disminuir la violencia contra las niñas y niños, la cual debe incluir a toda la sociedad sin excepciones; realizar un seguimiento a los casos de violaciones, asesinatos y afectaciones a su dignidad e integridad y sancionar a los responsables de los hechos y a quienes permitan la impunidad.
Villena también propuso crear mecanismos de vigilancia sobre toda forma de comportamiento, acción, omisión, promoción de los adultos que propicie situaciones de violencia contra las niñas y niños y prohibirlas o sancionarlas. En este ámbito debe incluirse la pornografía, la erotización de la niñez en la publicidad; el consumo de alcohol y droga en espacios donde viven niñas y niños, etc.; priorizar la atención de casos en estrados judiciales y abrir el debate para que el Código Niña, Niño y Adolescente sea conocido y debatido por las organizaciones de niños y adolescente antes de ser promulgado.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia