El síndic de greuges y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños presentan ante la comisión de infancia del Parlamento de Cataluña el último informe sobre los derechos del niño 2012.
- Las administraciones públicas no han preservado las políticas y las prestaciones dirigidas a los niños, especialmente a los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
- La disminución generalizada de determinadas prestaciones (como las ayudas comedor) o el incremento de determinadas cuotas de acceso a algunos servicios (parvularios, transporte escolar, etc.) han agravado las situaciones de vulnerabilidad de los niños que viven en entornos empobrecidos.
- El Síndic propone, en los casos de pobreza, una renta de suficiencia económica garantizada.
- Se propone que la ausencia de recursos económicos en familias con niños a cargo sea un criterio suficiente para acceder a ayudas y a prestaciones de urgencia social.
- Se alerta del riesgo, en el ámbito de justicia juvenil, de devaluar la calidad del sistema y el éxito de los programas de reinserción individual.
El Informe pone de manifiesto situaciones de vulneración de los derechos de los niños en Cataluña, especialmente agravadas por la precariedad económica de las familias debido a la crisis y por las políticas de austeridad de las administraciones públicas, que han supuesto no sólo una falta de incremento de las prestaciones y de los servicios para hacer frente a estas situaciones, sino un retroceso en algunos casos. Estas carencias han afectado a derechos tan importantes como el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la educación, el derecho al tiempo libre, además de no contribuir a la lucha contra la pobreza infantil.
1. Reducciones presupuestarias en el ámbito de infancia
La mayoría de las prestaciones dirigidas a la infancia, como por ejemplo la prestación económica de carácter universal por niño a cargo y la renta mínima de inserción o bien han quedado suspendidas o bien se han visto reducidas de manera significativa. Diversos municipios han cerrado servicios dirigidos al apoyo de los padres y madres, como los espacios familiares.
Las reducciones presupuestarias en el ámbito de la enseñanza, pueden poner en peligro el derecho a la educación en condiciones de calidad y la igualdad de oportunidades, especialmente en el caso de la reducción de recursos económicos a los centros con una composición social menos favorecida y con más concentración de necesidades educativas específicas. Estas medidas también han afectado el derecho al pleno desarrollo de los niños que sufren alguna discapacidad en el ámbito escolar. Igualmente, los últimos años se ha ido reduciendo la financiación de las ayudas de comedor escolar y, sobre todo, no se ha acondicionado la inversión a las necesidades sociales y económicas existentes.
En el Informe el Síndic exige a la Administración que esta ayuda se conceda a las familias que lo necesiten y no se condicione al número de familias que tienen una situación económica más precaria, ni a la partida presupuestaria prevista.
2. Pobreza infantil
Estas actuaciones son especialmente graves en entornos de niños en situación de pobreza. En cinco años la pobreza infantil en Cataluña ha pasado del 21% al 26,3% como consecuencia de la crisis económica que nos afecta desde 2007 y crecientemente. En este contexto, el Síndic de Greuges alerta que las administraciones públicas no han fijado criterios claros ni efectivos para evitar que la austeridad y la contención presupuestaria provocasen un
retroceso en las prestaciones y los servicios dirigidos a los niños en situación de pobreza.
Por este motivo, el Síndic ha advertido en diversas ocasiones a las administraciones públicas competentes del error de reducir, total o parcialmente, determinadas partidas presupuestarias de prestaciones y servicios dirigidos a los niños, sin discriminar favorablemente los niños con
más privaciones económicas y sus familias.
En este escenario, el Síndic propone, para los casos de pobreza, una renta de suficiencia económica garantizada para los niños, en desarrollo del artículo 24.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña del año 2006, y de crear una prestación específica condicionada a la renta para garantizar que las familias con niños que no disponen de los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades esenciales puedan disponer de ingresos equivalentes al indicador de renta de suficiencia de Cataluña corregido.
3. Niños privados del entorno familiar
Con relación a los niños y adolescentes tutelados por la Administración también se detectan algunas disfunciones que pueden vulnerar los derechos, como la estancia en recursos residenciales o de acogida no adecuados para sus características y necesidades de atención. Estas situaciones se producen, sobre todo, por la falta del recurso propuesto, que muy a menudo es la falta de familias acogedoras ajenas. Después de casi veinte años del desarrollo de las políticas para abastecer familias acogedoras ajenas, su disponibilidad tendría que ser mucho superior, a partir de la difusión de esta necesidad (hay un gran desconocimiento por parte de la ciudadanía), la sensibilización, la promoción, el acompañamiento de las existentes, etc; actuaciones que no se han llevado a cabo.
También se detectan situaciones en que los niños y adolescentes no reciben una atención adecuada a sus necesidades específicas, como en el caso de adolescentes con trastornos de la conducta, bien por las insuficiencias en la atención a la salud mental, bien por la falta de recursos residenciales adecuados para estas necesidades.
Además es preciso llamar la atención sobre una situación de extrema vulneración como es el excesivo lapsus de tiempo en que chicos y chicas adolescentes están huidos del recurso de protección, situación que tendría que dar lugar a la adopción de medidas urgentes para la localización y la protección de los menores, actuación que las administraciones implicadas no
llevan a término con la urgencia adecuada, lo cual puede poner en peligro su integridad física y psíquica.
4. Justicia juvenil
Otro de los elementos que cabe destacar del Informe sobre los derechos del niño 2012 es el que se refiere al sistema de justicia juvenil en Cataluña. En el marco de la contención del déficit público, el año 2012 se han reducido el número de plazas del centro educativo Montilivi, se ha prescindido del piso de inserción y se han suprimido todas las unidades del centro Til·lers, exceptuando la unidad terapéutica. Estas decisiones pueden ir en detrimento del modelo de justicia juvenil en Cataluña, hasta ahora de gran calidad y referencia, basado en la reinserción y la recuperación de los adolescentes en conflicto con la ley.
Por esta razón, el Síndic pidió la suspensión de estas decisiones, mientras no se pueda hacer efectiva la creación de nuevos centros o la realización de las mejoras necesarias y mientras no se amplíe la capacidad de los centros donde no está previsto el cierre. Sin embargo, esta recomendación no ha sido cumplida y el Síndic está evaluando el impacto que ello puede tener en los derechos de los niños.
En este contexto, el Síndic considera del todo necesario mantener el impulso de los programas de medio abierto y de mediación para prevenir la reincidencia, garantizar la individualización en el tratamiento y prevenir la masificación.
FUENTE: Síndic de Greuges de Catalunya