En el marco del día de la niña y el niño en nuestro país, es un momento oportuno para reflexionar sobre el grado de cumplimiento y satisfacción de sus derechos humanos a lo cual está obligado el Estado, la familia y la sociedad salvadoreña.
No podemos dejar de mencionar el deplorable asesinato de dos bebés y la madre de uno de ellos, de 2 y 10 meses de edad, respectivamente, cometidos por sus propios padres, los días 22 y 23 de septiembre del corriente año, en San Pedro Masahuat (La Paz) y en Cojutepeque (Cuscatlán), porque son una muestra del irrespeto y violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes (NNA) que en general sufren a diario en el país.
Reportes del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) señalan que hasta marzo del corriente año había atendido a 2,788 NNA, de los cuales 1,637 corresponde a niñas y adolescentes y 1,151 a niños y adolescentes, por alguna vulneración de sus derechos.
Por su parte el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia informó que de febrero a agosto del corriente año, a través de sus 5 Juntas de Protección, ha procesado 4,360 denuncias de posibles vulneraciones a derechos de NNA, sobresaliendo los derechos a la integridad personal y la protección frente al maltrato como los más vulnerados. A estas cifras hay que añadir los innumerables casos que no llegan a conocimiento de la autoridad pública y que en consecuencia las niñas, niños y adolescentes lo sufren sin encontrar la protección respectiva.
La PDDH hasta el 15 de agosto del corriente año, había registrado 699 presuntas vulneraciones a derechos humanos de NNA cometidas por las diversas instituciones públicas cuya labor se relaciona directamente con dicho sector de la población. Sobresalen afectaciones a los derechos de la integridad personal, a no recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes, al debido proceso administrativo, acceso a la justicia y a la libertad personal.
Entre las instituciones más señaladas ante la PDDH se encuentran la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Educación, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas. Otro aspecto grave es la epidemia del dengue que a la fecha ha cobrado la vida de 4 personas menores de edad y hasta el 15 de septiembre del año en curso, el Ministerio de Salud había confirmado 8,411 personas padeciendo dicha enfermedad, en su gran mayoría niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, hasta el 13 de septiembre de este año, se habían recibido 1,136 denuncias sobre personas desaparecidas, entre las cuales se encuentran muchas NNA. Hasta el 13 de septiembre del corriente año, el promedio diario de homicidios era de 3.83, con una cifra total de un poco más de 900 personas muertas, entre las cuales se encuentran muchas personas menores de edad.
Con el anterior panorama, como una muestra de la realidad de la niñez y adolescencia salvadoreña, corresponde analizar las acciones estatales realizadas para garantizar su protección integral. Concretamente nos referiremos al Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (SINAPINA), creado por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).
La labor realizada por esta Procuraduría y la Mesa de Niñez, Adolescencia y Juventud, permiten afirmar que existen avances en la protección de los derechos de las NNA, tales como la conformación de 3 juzgados y una cámara especializada de niñez y adolescencia, la realización de 54 jornadas de consulta para la elaboración del proyecto de diseño de la política nacional de niñez y adolescencia, la existencia del Reglamento de la Red de Atención Compartida (RAC) y el establecimiento de cinco juntas de protección a escala nacional. Como limitaciones en cuanto a la instalación del SINAPINA se tiene que todavía no se cuenta con una política nacional de la niñez y adolescencia, la falta de conformación de 9 juntas de protección de las 14 que en principio deben funcionar, la ausencia de los comités locales de derechos, falta de desarrollo de la tipología de programas en el Reglamento de la RAC.
Se evidencia falta de recursos financieros y humanos en las juntas de protección y poca divulgación de su labor entre la población para activarlas en caso de violaciones a derechos humanos, entre otras deficiencias. Otro punto que sobresale es el hecho de que no existe un plan estratégico del CONNA para la implementación del SINAPINA.
Los pocos avances en la implementación del sistema en gran parte se deben a la no prioridad absoluta del tema de niñez y a la escasa inversión pública hacia este sector que constituye el 43% de la población total del país. Para el ejercicio fiscal 2012, el CONNA solicitó un presupuesto de casi 6 millones y medio de dólares, sin embargo, solamente se aprobaron un poco más de 3 millones de dólares; de acuerdo a información recibida, para el año 2013, se ha requerido un presupuesto de 6.4 millones de dólares.
Con base en lo anterior se recomienda al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia elabore un plan estratégico para la implementación del SINAPINA, en el cual se establezcan metas claras en el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se señalen las fuentes de financiamiento sobre la base de un costeo acorde a la realidad salvadoreña. Que fortalezca la inversión para la niñez y adolescencia, sobre todo en áreas cruciales como la salud y la educación. Asimismo, cree las políticas, planes y programas para la prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia de este país, liderando un esfuerzo nacional para dar cumplimiento a las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño ha formulado al país y de las contenidas en el Estudio sobre la Violencia contra los Niños de Naciones Unidas.
A los concejos municipales se les recomienda involucrarse activamente en la implementación de la LEPINA, procediendo inmediatamente a la instalación de su respectivo Comité Local de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
A la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Persona Adulta Mayor de la Honorable Asamblea Legislativa se recomienda que en el marco de sus atribuciones monitoree la implementación de la LEPINA y tome las medidas pertinentes para corregir las fallas y omisiones que se detecten. Asimismo, a la Honorable Asamblea Legislativa se recomienda que a la hora de analizar el presupuesto lo haga con base en el principio del interés superior de la NNA, otorgando al CONNA los apoyos necesarios para que cumpla cabalmente su mandato.
A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil recomendamos que redoblen sus esfuerzos para esclarecer todos los hechos delictivos cometidos contra las niñas, niños y adolescentes, llevando ante la justicia a las personas responsables, creando los mecanismos, planes, programas y estrategias necesarios para atender como es debido la problemática de las niñas, niños y adoelscentes desaparecidos.
Instamos a la sociedad civil en general y en particular a la niñez a que se mantenga vigilante y denuncie ante las autoridades competentes toda vulneración a derechos humanos que afecten el desarrollo integral de dicho sector de la población.
San Salvador, 1 de octubre de 2012.
Lic. Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos