«Distinguida audiencia:
Bienvenidos a este Congreso Nacional Sobre la Situación de Niños, Niñas y Adolescentes Institucionalizados, «Mi Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria», convocado por la Procuraduría de los Derechos Humanos y generosamente respaldado por organizaciones civiles de Guanajuato, México y de otros países.
Este evento cristaliza el sueño largamente acariciado por múltiples instituciones que día a día luchan en su tarea de cuidado, protección y desarrollo de nuestra infancia.
De manera muy especial, mi afecto a quienes realizando un encomiable esfuerzo, nos compartirán sus conocimientos y experiencias, a través de su participación en las conferencias, talleres y mesas de trabajo que se realizarán durante este evento.
El Congreso que hoy celebramos, tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad en un tema por demás trascedente y que refiere una realidad de la que no podemos sustraernos, planteando mejores alternativas para su atención.
En una aproximación a esta realidad, se estima que en Guanajuato hay alrededor de seis mil niños institucionalizados que habitan casas y albergues de asistencia, atendidos por la sociedad civil, aunque la cifra podría ser superior de acuerdo a información de organizaciones civiles.
La situación de los menores institucionalizados es cada vez más dramática, pues se encuentran en condiciones que no favorecen su desarrollo pleno y armonioso; desafortunadamente muchos de ellos viven en circunstancias de violencia, rechazo, desamor y con frecuencia son víctimas de graves violaciones de sus derechos humanos.
Es deseable que crezcan bajo el cuidado, la protección y el cariño de sus padres, en un ambiente adecuado y de comprensión.
Existen miles de niños privados de cuidados parentales, lo que provoca una revictimización, porque se demora la toma de decisiones, se extienden los periodos de diagnóstico y la aplicación de medidas de protección.
Vivir en instituciones, algunas veces tiene sus ventajas, sobre todo cuando su fin es salvaguardar a los menores del abuso familiar o callejero, sin embargo tal circunstancia también tiene serias limitaciones, cuando no se visualizan de manera integral las necesidades de los infantes.
La institucionalización permanente debería ser una medida extrema y temporal, justificada solamente en un reducido número de casos y supervisada por el Estado.
Para incidir en el problema de los niños privados de cuidados parentales, primero es necesario saber cuántos son, donde y en qué condiciones viven y evaluar modalidades alternativas de cuidados familiares.
La información acerca de este fenómeno, es limitada, pero visualizando nuestro entorno, no cabe duda que es un problema grave en todo el país, afortunadamente, organizaciones civiles e instituciones como el DIF estatal y nacional, trabajan diagnósticos para profundizar sobre esta problemática.
Más aún, han servido para programar e iniciar campañas de desinstitucionalización, tal como se está haciendo en otros países, donde generando metodologías, estrategias y alternativas familiares diferentes a vivir en albergues y en casas de asistencia, se promueve la reintegración a la familia de origen, la adopción o la tutela.
De conformidad con el Artículo. 23 de las directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños es recomendable que: «donde siga habiendo grandes centros (instituciones) de acogimiento residencial convendría elaborar alternativas en el contexto de una estrategia global de desinstitucionalización, con fines y objetivos precisos, que permitan su progresiva eliminación. A estos efectos, los Estados deberían establecer estándares para garantizar la calidad y las condiciones propicias para el desarrollo del niño, como la atención individualizada y en pequeños grupos, y deberían evaluar los centros de acogida en relación a dichos estándares».
De lo que se trata, es de plantear opciones de vida en familia, no de abrir más instituciones para acogerlos, porque eso aleja a los niños de los cuidados parentales.
Para que esta pretensión se materialice, requerimos voluntad e intención genuina por parte de las personas e instituciones involucradas en procurar el interés superior del niño, superando el enfoque asistencialista que sigue predominando en nuestra cultura y generar recursos suficientes para este fin.
En Guanajuato, concretamente en la Procuraduría de los Derechos Humanos, estamos empeñados en mejorar las condiciones de nuestra niñez; en ello hemos avanzando y lo seguiremos haciendo de la mano de todos ustedes.
Con el apoyo de organismos de la sociedad civil y como resultado de un intenso trabajo de consulta ciudadana e investigación, propusimos a la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, nuevas y mejores reformas a nuestro marco normativo estatal.
Fue así que contribuimos con nuestras diputadas y diputados, a cristalizar proyectos que enriquecen nuestra legislación, como lo es la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato.
Queremos compartir con todos ustedes el orgullo y compromiso que han caracterizado a las organizaciones de la sociedad civil de Guanajuato, porque han marcado la pauta para construir una agenda común con grandes resultados.
Así lo seguiremos haciendo y el día de hoy, este evento resume el interés latente, vivo que nos impulsa a luchar a favor de nuestra infancia y de todo grupo vulnerable.
Este congreso, sin duda, será referente para la toma de muchas y buenas decisiones.
Al término de esta jornada, presentaremos los ejes fundamentales en los que habremos de enfocar nuestro trabajo y fortalezas como instituciones.
Nuevamente bienvenidos a Guanajuato, ciudad patrimonio de la humanidad y capital cervantina de América.
Muchas Gracias.»
Celebración del Congreso:
http://www.portalfio.org/inicio/noticias/item/10433-guanajuato-celebran-congreso-nacional-y-tratan-problema-de-niños-institucionalizados.html
Declaratoria del Congreso:
http://www.portalfio.org/inicio/noticias/item/10435-guanajuato-declaratoria-del-primer-congreso-nacional-sobre-situación-de-niños-niñas-y-adolescentes-institucionalizados.html
FUENTE: Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato