La Defensora del Pueblo (e.f.), Mª Luisa Cava de Llano, ha insistido hoy en el Senado en la necesidad de establecer un marco regulador común para los centros de protección de menores, que acabe con el sistema actual, que ha calificado de “desigual y disperso”.
Y es que a pesar del protocolo básico de actuación consensuado por las comunidades autónomas, y que fija una serie de pautas a seguir sobre buenas prácticas en materia de tratos a los menores con problemas que ingresan en una residencia tutelada por un organismo público, en opinión de Cava de Llano siguen existiendo “muchas normas que no están claramente definidas”.
La Defensora del Pueblo, que ha comparecido ante la Comisión Especial de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines para informar sobre la situación de los centros tutelares de menores, ha hecho hincapié en que dicha reforma debe incidir en las medidas de prevención y garantizar el pleno respeto a los derechos fundamentales de los jóvenes, y ha recordado que el ingreso en los centros “debe ser siempre el último recurso”.
Asimismo, Cava de Llano ha destacado el derecho de los menores a ser escuchados antes de que se adopte cualquier medida que les afecte y a establecer mecanismos de reclamación y de recurso contra dichas medidas.
En cuanto a los educadores, la Defensora ha defendido que deberían estar colegiados y ha destacado la “enorme entrega personal” de la mayoría de ellos. No obstante, ha manifestado también su preocupación por la “desmotivación” de un colectivo afectado por una alta tasa de rotación y numerosas bajas laborales, como consecuencia de un trabajo estresante, de un salario bajo y de un escaso soporte.
Por último, Cava de Llano se ha congratulado de la anunciada intención del Ministerio de Sanidad de crear la especialidad de psiquiatría infantil, tal y como ha venido pidiendo la Defensoría desde hace varios años.
La oficina del Defensor del Pueblo publicó un informe monográfico sobre centros de menores con trastornos de conducta y en situación de desprotección social en febrero de 2009, tras año y medio de investigación y visitas no anunciadas a 27 de los 58 centros de este tipo que existen en España. En algunos de ellos se detectaron irregularidades que afectaban a los derechos fundamentales de los menores.
FUENTE: Defensor del Pueblo de España.