Juezas y jueces de La Paz y El Alto, desde ayer participan del Seminario Acceso a la Justicia y Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sistema Jurídico organizado por la Defensoría del Pueblo que tiene por objetivo capacitar a los administradores de justicia para que apliquen procedimientos especializados y oportunos en causas judiciales de menores víctimas de violencia, maltrato o cuyos derechos humanos han sido vulnerados.
Este evento, que concluirá este miércoles y que se desarrolla en coordinación con la oficina departamental del Consejo de la Magistratura en La Paz, fue inaugurado la tarde del pasado lunes por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien dijo que es urgente la necesidad de implementar programas de capacitación para los operadores de justicia y la institución policial en materia de protección especial de la niñez y adolescencia, para la defensa de sus derechos y la obligación de ofrecer un trato digno durante los procesos judiciales.
Villena manifestó que si bien existen avances normativos, principalmente para sancionar la violencia hacia las mujeres como la Ley 348 o la emisión de alrededor de 20 condenas por feminicidio, no es evidente esta misma eficiencia y voluntad por parte del Estado y sus instituciones cuando se habla del problema del acceso a la justicia por parte de niñas, niños y adolescentes.
“El acceso a la justicia es un componente del debido proceso, por tanto, se debe brindar atención especializada a las niñas, niños; asimismo, es un derecho fundamental consignado en la Constitución Política, en la Convención de los Derechos del Niño y en Código del NNA donde se estipula que el Estado debe proteger a esta población”, enfatizó la autoridad.
Bolivia, acotó, tiene una de las normativas más completas y protectivas sobre los derechos de este grupo poblacional en la región y, quizás en el mundo, posee ocho políticas públicas que incluyen ámbitos como la salud, la educación, la protección o la interculturalidad, pero irónicamente es uno de los países que menos protege a s niñez y adolescencia.
La Defensoría del Pueblo, según estudios propios y de entidades confiables, maneja datos escalofriante como el que anualmente mil niñas y adolescentes son vejadas sexualmente, que sólo el 4% de mil víctimas consigue alguna sentencia y que el 0.2% puede acceder a tratamiento sicológicos luego de haber sufrido vejámenes.
“Los mecanismos por donde se ejercen las vulneraciones de sus derechos son en el acceso a la justicia, ausencia de fiscales, precariedad y falta de recursos en los juzgados, poca capacitación de policías, fiscales y jueces especializados en niñez y adolescencia, aspectos que serán abordados en estos tres días de capacitación”, manifestó la autoridad.
En este seminario, dijo, se espera que se puedan establecer procedimientos especializados y oportunos para que las juezas y jueces en materia Penal, de la Niñez y Adolescencia y Familiar, tramiten las causas judiciales que se encuentren bajo su conocimiento, en el marco del Interés superior de este grupo poblacional velando por la integridad física, psicológica y mental de los mismos.
FUENTE: La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia