Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, celebró el anuncio de la creación de un nuevo grupo de coordinación en seguridad en Nuevo León, en el que participarán el Delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), su homólogo del Centro de Información para la Seguridad del ESTADO, Evaluación y Control de Confianza (CISEC) y el Secretario General de Gobierno del Estado.
«Todas las acciones que las autoridades emprendan para garantizar la seguridad de la ciudadanía son bienvenidas» dijo la Ombudsman; recordando que la seguridad ciudadana es una obligación de primer orden para el Estado, que si bien no ESTÁ consagrada expresamente en la normatividad internacional, deviene de la obligación de garantizar la seguridad, en los términos del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; premisa que replican la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Martínez Garza destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre seguridad ciudadana emitido en 2009, precisó que la base de las obligaciones exigibles al estado en este tema, se encuentra en un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana, específicamente los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad, a las garantías procesales y al uso pacífico de los bienes, entre otros.
Finalmente, la titular de la CEDHNL hizo un llamado a las autoridades integrantes de este nuevo grupo de coordinación para que tengan presente que la protección de las y los ciudadanos por parte de los agentes del orden debe darse en un marco de respeto a las instituciones del Estado, las leyes y los derechos fundamentales; es decir, en un marco de protección y garantía de los derechos humanos frente al delito y la violencia, enfatizando las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, en lugar de acciones meramente represivas o reactivas ante hechos consumados, con la persona humana como objetivo central de las políticas.
FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León