Luego de conocerse el anuncio hecho por voceros del sindicato del INPEC respecto a una posible extensión de la llamada operación reglamento en las cárceles a partir de este jueves, la Defensoría del Pueblo lamentó la decisión e insistió en la urgencia de aplicar un plan de choque que garantice la reseña de los sindicados cobijados con el beneficio de la detención domiciliaria.
La Entidad, mediante visitas de campo y el seguimiento hecho durante más de 60 días a esta problemática en ocho centros de reclusión de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali, Ibagué y Neiva, ha evidenciado situaciones como la negativa de la guardia para realizar dicha reseña, el congelamiento en las remisiones médicas y a diligencias judiciales, así como el preocupante incremento de la congestión, factores que se traducen en graves violaciones a los derechos de los internos.
Para la Defensoría, el panorama en los centros de detención transitoria como las estaciones de Policía y los centros de servicios judiciales, resulta aún más complejo, toda vez que por cuenta de la operación reglamento y la imposibilidad de avanzar en trámites como las reseñas, el hacinamiento es cada día peor y ha derivado en circunstancias como las registradas recientemente por los medios de comunicación, donde se muestra a los detenidos durmiendo en el piso, dentro de carpas improvisadas en parques y calles, y por si fuera poco atados a los árboles.
Hechos de esta naturaleza motivaron la intervención de la Defensoría del Pueblo a través de medidas como una acción de tutela interpuesta en Bolívar para proteger los derechos a la dignidad humana, a la integridad personal y a la salud de 48 personas recluidas en cuatro centros de detención transitoria. El recurso fue fallado a favor el pasado 22 de septiembre ordenando el traslado inmediato de los internos. Sin embargo, el problema persiste, pues el número de detenidos aumenta y las soluciones definitivas no llegan.
Cabe recordar que desde el 11 de septiembre, el propio Defensor del Pueblo mediante respuesta a una solicitud formulada por el Director del INPEC, advirtió que bajo ningún pretexto la llamada operación reglamento podía traducirse en perjuicio de los derechos fundamentales de la población carcelaria, particularmente en relación con la asistencia médica de quienes padecen quebrantos de salud.
El 12 de septiembre, mediante comunicación escrita el Defensor solicitó la intervención del Ministerio de la Presidencia, a fin de tomar medidas para mitigar el impacto de estas jornadas a media marcha, y justo el 22 de Septiembre cuando se falló la tutela de Cartagena, ese Ministerio corrió traslado de las preocupaciones de la Defensoría a los Ministerios de Justicia y Hacienda, así como al Departamento Administrativo de la Función Pública.
Finalmente, y ante el recrudecimiento de la problemática, la Delegada para la Política Criminal Penitenciaria exhortó al Ministerio de Justicia a convocar una reunión extraordinaria con el Director de la Policía y la Dirección del INPEC, en aras de examinar la puesta en marcha de un plan de contingencia para garantizar el traslado de los sindicados con detención domiciliaria, y al menos así aliviar las consecuencias del sobrecupo en las estaciones y los centros de servicios judiciales, propuesta en la cual insiste la Defensoría como mecanismo transitorio mientras Gobierno, INPEC y sindicato encuentran una pronta salida a la parálisis.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia