El hacinamiento, deficiente atención y acceso a la salud, mala alimentación y precaria infraestructura, son males comunes en las cárceles de países latinoamericanos, donde además se observa el aumento de adolescentes privados de libertad, según un informe publicado por la Red de Comunicación de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), organismo de la cual forma parte la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
La información sobre la situación de los recintos penitenciarios y de las y los privados de libertad en países como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Paraguay, Panamá, Puerto Rico y Nicaragua, manifestó el Defensor Rolando Villena, provoca alarma y lleva a ratificar la urgente necesidad de asumir acciones para revertir la crisis del los sistemas penitenciarios que se enfrenta.
El informe en cuestión recoge las verificaciones y monitoreo que realizaron las Defensorías del Pueblo o instituciones nacionales de derechos humanos en esos países y muestra que Paraguay, Bolivia, Nicaragua y Panamá registran los más altos niveles de hacinamiento frente a Colombia, Brasil y Costa Rica que reportan niveles de entre 36 y 60 % de hacinamiento. Puerto Rico, según reporta la Oficina del Procurador del Ciudadano, es el único país que no tiene este problema.
En general, según la FIO, el número de privados y privadas de libertad en los penales en estos países supera entre el 39 y 300% la capacidad de los recintos, «lo que provoca una saturación, especialmente, de los servicios de salud y pone en riesgo la seguridad de los centros penales tanto para el personal administrativo como de la Policía y de la propia población penal».
En Paraguay, por ejemplo, el principal centro de reclusión alberga a 4.000 personas privadas de libertad en un espacio diseñado para 1.200; en Bolivia el hacinamiento se encuentra alrededor del 202%, pues la cantidad de detenidos y detenidas alcanza a 14.770 cuando la infraestructura carcelaria está diseñada para 4.884. Lo propio en Nicaragua, existen 10.378 privados de libertad cuando el espacio disponible es para 4.605, lo que significa un 125% de sobre población.
A esta situación se suma la deficiente o inexistente atención médica y mala infraestructura carcelaria. En Bolivia, esta situación es un indicador permanente de vulneración de derechos humanos al no existir la suficiente cantidad de médicos u otro personal especializado. En el caso de las cárceles de mujeres, cuentan con un solo ginecólogo para todas las reclusas, un médico externo o personal de enfermería.
Esta realidad es similar en Panamá, Nicaragua, Uruguay y Colombia, donde se suma un deficiente servicio de alimentación. En Brasil cerca de la mitad de los penales no cuentan con cama para todos los detenidos y un 25% no tienen colchón además que la situación de insalubridad es propicia para la proliferación de epidemias e infecciones. En Costa Rica, no solo enfrente problemas en el acceso a salud, sino que preocupa, como en Bolivia, que los presos tengan que pagar por un espacio o una cama o por el uso del teléfono
La situación de Venezuela y de Puerto Rico es menos crítica. En el primero se ha logrado construir y remodelar penales bajo la concepción de mayor respeto a la dignidad humana y mejoras de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. En el segundo país, si bien no enfrenta problemas de hacinamiento, las mayores quejas se refieren a la mala alimentación e inadecuada atención médica.
Otra preocupación es el aumento de adolescentes privados de libertad, lo cual califica de «angustiante». Estos se encuentran detenidos por delitos como robo, hurto, homicidios, violación. La edad de los infractores oscila entre los 12 y 17 años. Algunos países como Bolivia y Brasil donde no existen centros especializados para ellos o no son suficientes, son recluidos junto a adultos privados de libertad, excepto en Nicaragua que los ubican en celdas separadas; y en los países donde existen espacios destinados a las y los menores de edad, enfrentan problemas de hacinamiento como en Costa Rica y Panamá.
Esta crítica situación ha llevado a las Defensorías del Pueblo o instituciones semejantes, a emitir recomendaciones a sus Estados que pasan por un uso racional de la prisión preventiva y el uso de mecanismos alternativos como detención domiciliaria para personas con enfermedades terminales o crónicas.
Otras recomendaciones están referidas al fortalecimiento y mejoras en el tema salud, alimentación y asistencia jurídica, programas para revertir la crisis penitenciaria que implica lograr un efectiva reinserción social o mejoras en la infraestructura carcelaria.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia