La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamenta las expresiones que el gobierno del estado de Guerrero ha formulado en los medios de comunicación, respecto del Informe Especial Sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el estado de Guerrero que se dio a conocer a la opinión pública el 17 de diciembre de 2013.
Asimismo, puntualiza que hasta el momento no ha recibido respuesta oficial por parte del Gobierno, el Congreso y los municipios a los que se formularon diversas propuestas en el mismo.
El Informe se realizó a través de una importante labor de investigación documental, hemerográfica y de campo, consistente en 52 solicitudes de información a autoridades federales, estatales y municipales, así como 58 visitas de trabajo a 64 municipios y 37 comunidades del estado de Guerrero, a partir de las cuales se logró constatar las violaciones a los derechos humanos en que se han visto inmersos los guerrerenses debido a que las autoridades estatal y municipales no han atendido de manera eficaz las condiciones de inseguridad que aquejan sus zonas, lo cual ha originado el surgimiento y la proliferación de grupos comunitarios de autodefensa.
A fin de comprender esa realidad, esta Comisión Nacional se dio a la tarea de escuchar la voz de más de 400 guerrerenses, a través de diversas entrevistas y testimonios recabadas por un equipo interdisciplinario integrado por visitadores adjuntos, médicos y psicólogos; así como los escritos y testimonios entregados por los propios habitantes de diversas comunidades al Presidente de este Organismo nacional en la comunidad de Ahuacachahue, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Dichos testimonios dan cuenta no sólo de múltiples historias de violencia y dolor humano, sino de graves condiciones de abandono y marginación, la colusión entre las autoridades y la delincuencia, en donde se demuestran casos de participación conjunta en la comisión de delitos, así como la negativa de las primeras de llevar a cabo la investigación por los hechos denunciados.
En el Informe, este Organismo nacional logró constatar que el origen de estos grupos radica en una incidencia delictiva elevada y en la desconfianza en las instituciones derivada de su abandono, lo que los ha llevado a constituir un sistema paralelo de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Para este organismo nacional la justicia comunitaria no constituye una respuesta adecuada para lidiar con los problemas de delincuencia que aquejan a esa entidad.
Orillar a estos grupos comunitarios a asumir su propia defensa y preservación no es más que una justificación del estado para renunciar a su función indelegable de garantizar la seguridad pública.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México