GUATEMALA: «La prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla»

El no juzgar a los detenidos dentro de un plazo razonable, hacinamiento y el deterioro de las cárceles del Sistema Penitenciario, como el de la Policía Nacional Civil, son algunos de los hallazgos que arrojó la investigación realizada por la institución del Procurador de los Derechos Humanos, indicó el titular de dicho ente, Jorge De León Duque, al ser consultado sobre el tema por los medios de información del país.

Citó el caso de la cárcel de Santa Teresa que tiene una capacidad de 150 internas y que al momento de realizar el monitoreo albergaba a 683, rebasando su capacidad en más del 300%. En lo relativo al proceso de prisión preventiva, de un total de 710 internas, el 85% no había sido juzgada y solo el 14% cumple condena por sentencia firme. Recalcó el Magistrado de Conciencia que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla como desafortunadamente ocurre en el país.

Añadió que se emitieron recomendaciones al Director del Sistema Penitenciario y al Ministro de Gobernación para que atiendan la problemática que incluye el deterioro de los centros de detención, porque sus edificaciones son antiguas. Así también, la ejecución de los programas de rehabilitación para que en todas las cárceles se cumpla con esta función.

Puntualizó que mientras que no se tomen las acciones pertinentes y se combata de forma integral este problema no se cambiará la actual realidad. En vez de pensar en derechos humanos fundamentales, como el de la salud, educación y vivienda, tristemente hay que preocuparse por hacer cárceles de mayores dimensiones.

Es obvio que la situación del Sistema Penitenciario no es responsabilidad de ninguna persona de las que hoy dirigen el sistema, pero si un compromiso en cuanto a sentar las bases y dejar una política pública a la que los siguientes gobiernos le den continuidad, pues esto no tiene que ver con colores o una forma individual de un director o ministro de Gobernación sino con el beneficio de toda una sociedad.

 

FUENTE: Procuraduría de los Derechos Humanos de la República de Guatemala