«Las cárceles costarricenses se han convertido en depósitos de personas, pues aunque hay programas que intentan la reinserción de la persona privada de libertad, existen múltiples problemas que atentan contra la dignidad humana tanto de la población penitenciaria como del personal técnico, administrativo y de seguridad.
El hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones de encierro que aumenta el riesgo de violencia, el deterioro de los servicios por el incremento de la población recluida y la falta de personal que trabaja en limitadas condiciones, hace que el sistema sobrepase los estándares internacionales cuando a trato cruel y degradante se refiere, porque existe privados de libertad sin las mínimas condiciones que se requieren.»
Así de contundente fue esta mañana la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, al presentar en conjunto con los representantes del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, el informe anual de este ente con sede en la institución.
La Defensora fue enfática en manifestar que esta situación no es un problema exclusivo del Ministerio de Justicia y Paz ni de este Gobierno, sino que trasciende a otros entes del Estado, e incluso debe apostarse a la puesta de inmediato de una real política criminal de prevención del delito y no solo dedicar los esfuerzos a la sanción.
«Costa Rica ha desvirtuado la función de la cárcel y la ha convertido en un depósito de personas, por eso, si se quiere un cambio, se debe modificar la esencia del sistema penal costarricense, ya que los problemas sociales de un país no se pueden resolver con justicia penal. Debe hacerse conciencia de que éste es un problema estructural del Sistema de Justicia Penal, en el cual las autoridades administrativas, judiciales, y legislativas tienen completa responsabilidad. Costa Rica debe insistir en doblegar sus esfuerzos para prevenir el delito, mediante programas y políticas públicas, y una atención estructural de esta problemática, la cual no se encuentra a cargo únicamente de la Dirección General de Adaptación Social del MJP», manifestó Taitelbaum.
Reflejo de ello es que ante la sobrepoblación, en los Centros Penitenciarios se ha disminuido la capacidad del personal técnico para atender toda la demanda de la población privada de libertad, respecto a los procesos de atención individual y grupal. Asimismo las dificultades por las que está atravesando el personal pues el crecimiento de recursos humanos no ha sido proporcional con el crecimiento de la población privada de libertad, que ya supera los 3.400 de la capacidad instalada.
Igualmente el déficit del personal de seguridad definitivamente afecta toda la dinámica institucional, ya que de éste dependen las labores de seguridad que se requiere para poder brindar la atención técnica, los procesos grupales, los programas de educación, las requisas a visitantes, las salidas médicas y muchas otras labores. Además, la mayoría de los servicios que se prestan en el sistema penitenciario dependen de la disponibilidad de personal de seguridad.
Por lo que se alerta al Estado costarricense sobre esta situación, ya que podría ocasionar serios problemas convivenciales en los Centros que ya se han venido registrando y que ponen en riesgo la seguridad institucional y, sobretodo, violación de derechos de la población privada de libertad y de los derechos laborales del personal técnico, administrativo y de seguridad.
«Hasta dónde quiere llegar el país con esta situación. Será que los niveles de peligrosidad en el sistema deben llegar a ser más que graves para que Costa Rica planifique y ejecute acciones a corto, mediano y largo plazo. Tanto la Defensoría como el Mecanismo vamos a elevar una solicitud al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU para que haga una visita al país y compruebe lo que aquí está sucediendo, e igualmente poner en conocimiento de la Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la OEA la magnitud del problema para que intervengan conjuntamente», agregó la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum. (Ver cartas).
El informe resalta que es evidentemente que el sistema penitenciario se encuentra en una situación de hacinamiento crítico, debido a que a febrero del 2013 se encontraba en 35% y los estándares aceptados internacionalmente indican que una sobrepoblación superior al 20% se considera hacinamiento, mientras que las medidas han sido paliativas e incluso para «apagar incendios» pero no una respuesta a largo plazo y sostenida.
Causas
El informe del Mecanismo señala varias causas de la sobrepoblación entre ellas, la emisión de legislación por parte de la Asamblea Legislativa que incluye nuevas penas privativas de libertad o aumento en monto de las penas ciertos delitos; la entrada en vigencia de los Tribunales de Flagrancia a partir del año 2008; la vigencia de los procesos abreviados en los juicios ha tenido un impacto importante en el ingreso de personas privadas de libertad al sistema penitenciario; el uso de la medida de prisión preventiva por parte de los jueces y la reforma reglamentaria mediante la cual se realizó la eliminación del Procedimiento de Valoración Externa del Sistema Penitenciario.
Además se agravó el problema cuando durante los años 2007, 2008 y 2009 el Patronato Nacional de Construcciones del Ministerio de Justicia tuvo una importante sub-ejecución presupuestaria, lo cual impidió la construcción de nuevos espacios carcelarios durante ese periodo.
Estas causas son muestra del abordaje que el Estado costarricense le ha dado a los problemas seguridad ciudadana, y de una política generalizada de utilizar la cárcel como la medida principal de prevención del delito y sanción del delito. Basta ver la evolución en los últimos 5 años de la Tasa de personas presas por cada 100 mil habitantes para verificar esta perspectiva. En el 2006 la tasa fue de 209, en el 2007 de 210, en el 2008 de 218, en el 2009 de 237, en el 2010 de 265, en el 2011 de 308, y para el 2012 terminó en 321 por cada 100 mil habitantes.
Ahora bien, estos datos por sí solos dan muestra de un aumento sostenido del uso de la prisión en nuestro país, sin embargo, si se hace una comparación con el resto de países de América Latina el escenario es mucho más preocupante, ya que Costa Rica ocupa el cuarto lugar entre las tasas de prisionalización más altas de la región, y presenta una diferencia de 108 con respecto al promedio latinoamericano.
Las estadísticas anteriormente indicadas, dan una clara imagen del rumbo que ha tomado nuestro sistema de justicia, y da muestra del endurecimiento del sistema penal y de que en Costa Rica se considera a la cárcel como la medida adecuada tanto para prevenir como para sancionar el delito. Es decir, existe una tendencia muy clara a utilizar la privación de libertad como método de castigo, se ha utilizado la política penal como la solución a los problemas de criminalidad y seguridad ciudadana, lo cual lamentablemente implica que se recluyen a muchas más personas de lo que la capacidad del sistema permite.
Actualmente muchas personas deben permanecer en las cárceles en condiciones que afectan la dignidad humana, y las posibilidades de acceder a servicios como salud, educación y trabajo son limitadas ante la demanda y la insuficiente oferta por parte de las autoridades penitenciarias. Por otra parte, la sobrepoblación ha facilitado los brotes de enfermedades infecciosas y de contagio. Y la administración penitenciaria se ve imposibilitada de brindarle a la población privada de libertad las oportunidades necesarias para mejorar en su proceso de reinserción.
Es particularmente preocupante la afectación de las condiciones de convivencia entre la población, muestra de ello es que se presentan mayor cantidad de hechos violentos entre las personas privadas de libertad, y que las autoridades tienen dificultades para hacerle frente a este tipo de hechos ante el escaso recurso humano técnico y de seguridad.
También es motivo de preocupación que la sobrepoblación afecta las posibilidades de una clasificación adecuada de la población privada de libertad de acuerdo a su perfil convivencial o categoría, y a cambio se le debe dar prioridad a un criterio de oportunidad o emergencia.
Adjuntamos las cartas remitidas hoy a la ONU y a la OEA al ponerse en conocimiento de lo que pasa en el sistema penitenciario:
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica