La Defensora del Pueblo, vicepresidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), organización internacional que promueve los derechos humanos en la región, ha participado en la reunión de su Consejo Rector y ha aprovechado su visita a la ciudad de Lima para visitar a los reclusos españoles que se encuentran en las prisiones dependientes de esa demarcación consular.
La Defensora ha visitado las prisiones de Sarita Colonias (Callao) y Ancón II, donde se encuentran un total de 233 presos de nacionalidad española, con objeto de interesarse por su situación personal y penitenciaria. Soledad Becerril se ha entrevistado con los internos para conocer los problemas que les aquejan, así como la asistencia consular que reciben y las posibilidades de retorno a España.
Perú es el país con mayor número de reclusos españoles, casi todos ellos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Las condiciones de vida difieren en los centros visitados, si bien en todos ellos son extremadamente duras.
En la visita, la Defensora ha podido comprobar que la asistencia consular que se presta es la correcta y que la frecuencia de las visitas de las autoridades consulares es adecuada.
Perú ha experimentado un crecimiento exponencial en el número de detenidos españoles por tráfico de drogas a lo largo de los últimos años. El motivo es el control de las autoridades peruanas sobre las redes internacionales de tráfico de estupefacientes. Son muchas las personas que, engañadas por las mafias, piensan que han encontrado con una vía rápida y fácil de conseguir dinero.
A raíz de una visita efectuada en 2011 por técnicos del Defensor del Pueblo de España, las autoridades peruanas procedieron a trasladar a la gran mayoría de presos españoles a la prisión de Ancón II, cárcel modelo, mucho más moderna con menos hacinamiento y con una gestión más fácil y mejores condiciones de vida. Hasta el pasado mes de octubre, la situación se había mantenido, pero actualmente no se producen más traslados.
Cuando los presos son puestos en régimen de semilibertad pierden la ayuda económica consular y se encuentran en la calle sin posibilidad de salir del país, con escasas posibilidades de encontrar trabajo.
La repatriación a España sería muy conveniente para muchos de ellos, si bien esto exige el pago de la reparación civil, lo que en la mayoría de los casos resulta inviable. Se encuentra en tramitación un Proyecto de Ley que establecería la expulsión de personas extranjeras condenadas, pero no hay fecha para su debate. Por ello, la Defensora insta a las autoridades españolas a establecer una colaboración con sus homólogos peruanos, de manera que encuentren una solución a la situación de los detenidos españoles.
La Defensora del Pueblo considera importante realizar campañas para concienciar a los ciudadanos de que en ningún caso deben creer los engañosos mensajes de las mafias que animan a intentar traficar con drogas, ya que las autoridades peruanas persiguen estos delitos, que llevan aparejadas penas de prisión de entre 15 y 8 años en condiciones muy penosas.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de España