La Mesa de Trabajo convocada por la Defensoría del Pueblo en el establecimiento carcelario de Bogotá La Modelo, hoy martes 2 de octubre en Bogotá, para sensibilizar a las instituciones del Estado sobre la grave crisis carcelaria que enfrenta el país, propuso la creación de 73 nuevos jueces de ejecución de penas para la descongestión judicial, confirmó el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez.
Además precisó que de acuerdo con una iniciativa presentada por el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, 11 jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad que fueron nombrados en Bogotá como provisionales para el proceso de descongestión judicial, se convertirán en permanentes.
La Mesa de Trabajo, que se reunió durante aproximadamente cuatro horas, también propuso introducir la oralidad en el trámite de las solicitudes de libertad, con el propósito de recortar las diligencias solicitadas por la población reclusa en este tema. Esta medida busca que las personas privadas de la libertad que tengan derecho a beneficios administrativos y subrogados penales, agilicen los resultados de sus peticiones ante las autoridades judiciales competentes.
«La convocatoria de la Mesa de Trabajo buscó sensibilizar a los estamentos del Estado concernidos en el tema, para que de manera articulada y conjunta, podamos contribuir desde los ámbitos de competencias propios de cada institución a la solución de la crisis carcelaria del país», expresó el Defensor del Pueblo.
Nuevo código penitenciario
La Defensoría del Pueblo evaluó el proyecto de ley para un nuevo código penitenciario y carcelario que será presentado por el gobierno nacional al Congreso de la República y propuso que esta iniciativa debería llamarse «Régimen de Personas Privadas de la Libertad», con el propósito de que haga referencia a las personas y no a los lugares de reclusión.
La nueva ley contempla cuatro distintos regímenes de tratamiento a los internos que serán aplicados por el respectivo juez a la hora de la condena y según su articulado, busca privilegiar la libertad y la reintegración como una forma de la ejecución de la pena.
Salud
En lo concerniente a los 13 pacientes terminales que se encuentran recluidos en La Modelo, el Defensor del Pueblo pidió a los jueces de ejecución de penas y al director del instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo Valdés, la urgencia de tramitar las solicitudes de libertades para ellos por razones humanitarias.
De otra parte, precisó que los sitios de reclusión de los internos con enfermedades denominadas siquiátricas, que por su condición síquica se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, no cumplen los estándares internacionales y nacionales señalados para su tratamiento, ya que tanto la infraestructura como las condiciones de prestación de los servicios de salud impiden su rehabilitación, situación que les vulnera su dignidad y su salud.
Hacinamiento
El Defensor del Pueblo también destacó que la población carcelaria en el país se incrementó en los últimos 13 años (de 1999 a 2012), en 65.941 personas, mientras que en el mismo lapso, los cupos aumentaron sólo en 42.076, lo que revela un incremento alarmante de personas privadas de la libertad que ha consolidado un patrón de deterioro en las condiciones de reclusión de 111.005 internos, lo que desborda las capacidades administrativas, financieras y logísticas de los 144 establecimientos penitenciarios que existen en el país.
Precisó que de acuerdo con informes estadísticos del INPEC evaluados por la Defensoría del Pueblo, en la actualidad existen 111.005 personas recluidas, lo que ha generado un déficit de 35.329 cupos existentes, equivalente al 46.7 por ciento de hacinamiento.
El sistema penitenciario y carcelario en el país se encuentra integrado por 144 establecimientos de reclusión que tienen capacidad para 75.676 personas. En Colombia existen 32.707 sindicados y 78.298 condenados.
«En Colombia se requiere con urgencia la implementación de una política criminal preventiva que supere las diferentes variables que causan el hacinamiento, como el incremento en la tipificación de las conductas delictuosas y del quantum de la pena privativa de la libertad, el abuso de la privación de la libertad como medida preventiva o de aseguramiento, la demora en la tramitación de los procesos que elevan el número de internos sindicados y la reincidencia derivada de la falta de ejecución real de los proyectos que se diseñan para dar cumplimiento al tratamiento penitenciario», puntualizó Otálora Gómez.
Deterioro progresivo
Para la Defensoría del Pueblo, de mantenerse el estado de cosas inconstitucional en las penitenciarías y cárceles de Colombia, ello provocará un deterioro progresivo de las condiciones de vida en el sistema penitenciario del país que multiplicará el hacinamiento crónico, la falta de acceso a los servicios básicos de agua potable, el espacio suficiente para las actividades laborales y recreativas, la atención médica, la falta de niveles básicos de saneamiento e higiene y la ausencia de una política de reinserción social para las personas privadas de la libertad.
A la Mesa de Trabajo asistieron, entre otros funcionarios, el viceministro de Justicia, Farid Benavides; el director Instituto General Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés; el director del INPEC, general (r) Gustavo Adolfo Ricaurte Tapias; la directora Nacional de Fiscalías, Elka Venegas Ahumada; el director del Establecimiento Carcelario La Modelo, Dionisio Calderón; el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa Henao, y el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano Rivera.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia