La jefa del Programa de Protección de Derechos en Dependencias Policiales de la Defensoría del Pueblo, Imelda Tumialán Pinto, solicitó hoy al Poder Judicial actuar con celeridad frente al caso de detención arbitraria contra William Augusto Chávez Huamán, quien se encuentra privado de su libertad desde hace más de 20 días.
Manifestó que, el 6 de septiembre del 2012 el referido ciudadano fue intervenido cuando se trasladaba a Lurín, debido a una requisitoria por el presunto delito de trata de personas proveniente de Iquitos. Los familiares del detenido presentaron un hábeas corpus, que la funcionaria de la Defensoría del Pueblo solicitó resolver a la brevedad posible. Señaló que en lo que va del año, esta institución ha registrado 26 casos de detención arbitraria.
Explicó que ante el pedido de intervención solicitado por el afectado, la Oficina Defensorial de Loreto revisó el expediente, observando que el presunto imputado es Willian Chávez Huamán, cuyos rasgos físicos serían distintos al de la persona detenida, según la declaración de su coinculpado Darwin Saldaña.
Tumialán agregó que, en el expediente se advierte que desde la investigación policial –elaborado sólo en base a los datos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) – se ha comprendido como imputado al señor William Augusto Chávez Huamán, quien además señala que no conoce Iquitos, nunca fue notificado a su domicilio por autoridad policial o judicial alguna.
Cabe indicar que el ciudadano detenido ha demostrado –como obra en el expediente-, que el día en que ocurrieron los hechos, es decir el 28 de agosto del 2011, estuvo laborando como «Patrón de la Embarcación Yolita II» con matrícula PS- 29875-BM, de propiedad de la señora Margarita Inés Jara Parco, en Pucusana. Por esta razón, su hermano Iván Chávez Huamán presentó una demanda de hábeas corpus, la misma que se encuentra en trámite ante el 40º Juzgado Penal de Lima.
La representante de la Defensoría del Pueblo reiteró que los operadores del sistema de justicia deben garantizar el respeto del derecho a la identidad y debido proceso de los ciudadanos en el marco de una investigación judicial, para evitar el incremento de casos de detenciones arbitrarias por deficiente identificación e individualización de la persona imputada.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú