El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la Mora, emitió este día una recomendación a los ayuntamientos de los 10 municipios del estado para que armonicen las disposiciones reglamentadas para las detenciones, ya que en algunas ocasiones las sanciones impuestas son muy elevadas.
En rueda de prensa el ombudsman local dijo que de acuerdo a las investigaciones obtenidas en ese organismo se concluyó en la necesidad de que los Ayuntamientos del Estado de Colima, «ajusten lo dispuesto en sus Reglamentos o Bandos de Policía y Buen Gobierno, a lo establecido por el artículo 21 Constitucional, en lo relativo a la imposición de sanciones por infringir los Reglamentos Gubernativos y de Policía».
Lo cual, dijo, se debe hacer a través de un procedimiento apegado a la legalidad y seguridad jurídica, para que «se incluya un estudio o valoración socioeconómica de la persona infractora, mediante el cual, de oficio, el juez calificador pueda verificar si percibe o no un jornal o salario, y si no lo percibe, saber cuál es su ingreso diario».
Lo anterior, a fin de determinar una sanción pecuniaria adecuada y proporcional a las posibilidades económicas del infractor. Así mismo, se recomienda: «Ajustar el tiempo del arresto hasta por treinta y seis horas, tal como lo establece el texto constitucional en su artículo 21, párrafo cuarto» y regularizar la expedición de los recibos por el pago de las multas.
Lo anterior, dijo, para efectos de que los Reglamentos o Bandos de Policía y Buen Gobierno de los diversos Ayuntamientos del Estado de Colima, se apeguen al texto constitucional en aras de proteger y respetar los Derechos Humanos, relativos a la Legalidad y Seguridad Jurídica.
Y es que según se explica en el documento, la gran mayoría de personas detenidas por violaciones a normas administrativas son de escasos recursos económicos y resultan gravosas las multas que deben pagar para obtener su libertad.
Toda vez que en muchas de las veces son de mil 400 pesos, que comparado con el ingreso semanal que perciben, de 600 ó 900 pesos, «acarrea una afectación directa a su familia».
No obstante, dicha recomendación no requiere la aceptación por parte de las instancias destinadas, pero «de conformidad con lo establecido por el numeral 46, párrafo segundo, del ordenamiento legal antes invocado, se les solicita, en su caso, remitan en un término de 30 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, las pruebas correspondientes que acrediten el cumplimiento de la misma».
FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima