El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, saludó hoy los avances obtenidos en el Sistema Penal Juvenil, aunque advirtió que todavía existen tareas pendientes, por lo que invocó a las autoridades del Poder Judicial a proseguir expandiendo aquellas acciones destinadas a promover la rehabilitación de los adolescentes infractores, especialmente en lo concerniente al mejoramiento de los programas de tratamiento, incremento de personal, ampliación de infraestructura y condiciones de seguridad.
«Esta tarea requiere el apoyo de otros sectores del Estado y de la propia sociedad civil», subrayó el funcionario al presentar el Informe Defensorial Nº 157, «Sistema Penal Juvenil», ante un expectante auditorio constituido por representantes de las instituciones y ministerios involucrados en el trabajo de recuperación y resocialización de este sector de la población, y que proviene de diversos puntos del país.
Vega destacó que gracias a las gestiones de la Gerencia de Centros Juveniles (GCJ) del Poder Judicial, la mayoría de los Centros Juveniles del país cuenta con una infraestructura aceptable. Sin embargo, agregó que el Centro Juvenil El Tambo (Huancayo) debe recibir una atención inmediata debido a la antigüedad de su construcción y, en el caso del Centro Juvenil de Trujillo, se debe ampliar su infraestructura por ser muy reducida.
A continuación se dio a conocer que de los 2,278 adolescentes infractores de la ley que existen en todo el territorio nacional, el 68.4% recibe un tratamiento bajo la modalidad de ‘sistema cerrado’ (privados de libertad), en tanto que el 31.6% se encuentra sujeto al ‘sistema abierto’. «La normatividad internacional establece que las medidas no privativas de la libertad deben aplicarse preferentemente en los casos en los que se dispone una condena menor a los 12 meses que, según la información recabada, bordea el 34.5%», sostuvo el funcionario.
El Informe señala que el grupo de infracciones más frecuente agrupa a las que involucran afectaciones al patrimonio (60.1%) o consisten en violación sexual (18.9%). Además se registran las que atentan contra el cuerpo, la vida y la salud (16.6%), así como las identificadas con el tráfico ilícito de drogas (6.4%) y el pandillaje pernicioso (1.2%). El 96.8% de los infractores son varones, en tanto que el 3.2% está constituido por mujeres.
Adicionalmente, el Defensor del Pueblo subrayó que el nivel de reincidencia dentro del sistema de justicia juvenil apenas llega al 8.7%. Asimismo, afirmó que la Defensoría del Pueblo ha podido constatar que de los 144 adolescentes egresados del Centro Juvenil de Lima, entre el 2006 y el 2012 –quienes cumplieron penas mayores a los dos años por infracciones graves y culminaron todo su tratamiento–, solo dos han ingresado posteriormente a un penal de adultos, conforme lo reporta el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El Defensor del Pueblo exhortó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a establecer destacamentos policiales en el exterior de los Centros Juveniles para garantizar la seguridad ciudadana; y solicitó al Ministerio de Educación que implemente, al interior de ellos, los Centros de Educación Técnico–Productiva (Cetpro), de modo que la formación laboral que reciben los adolescentes pueda ser acreditada por dicho sector.
«La mejora del Sistema Penal Juvenil, iniciada por el Poder Judicial desde el 2011, no debe cesar, tanto en lo referente a infraestructura y recursos humanos como a servicios que se brindan al interior de los Centros Juveniles. Por ello, solicito el compromiso de todas las autoridades, pues de esta forma lograremos combatir preventivamente la criminalidad que asola a nuestro país», sostuvo Vega.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú