Durante el Conversatorio: Adolescentes en Reclusión en el Distrito Federal el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, advirtió la necesidad de revisar la realidad de vida sin esperanza que enfrentan los jóvenes en conflicto con la ley penal, «y buscar incidir, resocializar y readaptar los entornos sociales en donde ellos viven su cotidianidad y a los que van a regresar inevitablemente».
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se refirió al libro del periodista Humberto Padget Los muchachos perdidos, ilustrado por el fotógrafo Eduardo Loza, el cual relata historias personales de chavos a quienes los autores entrevistaron en los centros para menores.
«El libro es una llamada de atención a cómo funciona el sistema de justicia juvenil y lo que nos toca hacer en el futuro de cara a un contexto en la que la criminalidad que vivimos en el país es facilitadora de las respuestas autoritarias».
Apuntó que el texto deja entrever historias personales, contextos, contradicciones, «y el error en el que ha estado inmersa la justicia juvenil desde hace años, no obstante la Reforma de 2005, el cambio jurídico no ha supuesto el mínimo cambio en términos de lo que pasa en estas instituciones, porque no se comprendieron los principios que la animaban».
Destacó que en el libro se hace notar que esta visión que se tiene de la readaptación y de la reintegración parte de una hipótesis equivocada, de que son personas que se desviaron, cuyos comportamientos son excepcionales, «cuando en realidad tendríamos que incidir en estos entornos sociales en donde estos chavos viven su cotidianidad; lo que no se resuelve con más penas, ni con más años de internamiento ni con reformas legales al propio sistema de justicia penal».
Hoy por hoy un joven que ingresa a una Comunidad de Adolescentes en conflicto con la ley penal terminará en la cárcel, tarde o temprano, es el destino que estamos construyendo para quienes tienen el infortunio de llegar a ser procesados en el sistema de justicia para adolescentes.
La Segunda Visitadora de la CDHDF, Rosalinda Salinas Durán, señaló que la Institución investiga 37 quejas, 30 de ellas por casos de violencia, agresiones derivadas de guías técnicos hacia los adolescentes o de riñas entre los propios adolescentes, «lo cual afecta el principio de medida de internamiento con un objeto de tratamiento para su desarrollo».
Dijo que preocupa a la Comisión los casos de extrema violencia, tal como son cuatro casos que se documentan por violaciones entre adolescentes y un caso de suicidio. Además lamentó la tendencia de traspolar algunas situaciones de las prisiones de adultos en las Comunidades para Adolescentes, como los nombres que les ponen a los dormitorios.
Señaló que si bien el año pasado entró en vigencia la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción para el Distrito Federal, que tiene como objeto otorgar los beneficios de libertad, y verificar el desarrollo de los internos adultos, también es necesario contar con una instancia controladora de la ejecución de las medidas de tratamiento en las Comunidades para Adolescentes.
Detalló que en las cinco comunidades para Adolescentes hay un total de 377 adolescentes y en la comunidad externa un total de 4, 369 adolescentes, la tendencia es de no llevarlos a prisión.
Por su parte, el periodista Humberto Padget apuntó que hay una condición social por demás estimulante para la criminalidad, porque el criterio de la impunidad es una condición tan generalizada que los jóvenes adecuan a su discurso, además de que expresan el profundo rencor social que sienten en contra de lo que entienden como establecido.
Dijo que los chavos desprecian profundamente a los ricos y a los poderosos, pero tienen un anhelo irrefrenable de ser ricos y poderosos, «son chavos que están completamente sentidos en el papel del ideario de la víctima social que les toca jugar: yo fui un chavo que golpearon desde niño, hijo de una mujer que llevaba a los hombres con los que se prostituía a su casa, me acercaron las drogas desde que tenía 8 años».
Apuntó que estos jóvenes luego reproducen esas prácticas y se vuelven personas que someten, violan, venden drogas, delinquen, que atraviesan una y otra vez la línea del respeto ajeno.
Incluso, comentó que en un joven entrevistado había un extraordinario aplanamiento emocional, porque durante su relato no hubo ninguna inflexión en su voz que transmitiera el sentimiento de que tenía arrepentimiento, respecto a lo que había hecho, «es algo que puede definir a esta generación de chavos a los que hemos dejado sin respuestas reales respecto a su vida y a quienes hemos permitido que se les acerque el crimen organizado».
Aseveró que el Estado no crea condiciones para que estos jóvenes tengan pleno ejercicio de sus derechos desde la infancia y en la libertad, y luego estar en internamiento, la prospectiva es que vayan a prisión como adultos.
«La posibilidad de reinserción no está dada porque ellos regresan a todo el estado de cosas que de alguna manera explica la comisión de los hechos por los que fueron apresados», agregó y alertó que la cárcel los atraerá finalmente, «parece ser esa una condición de destino».
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México