La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) concluyó la capacitación a 45 servidores públicos, entre custodios y administrativos, del nuevo Centro de readaptación social femenil de Mérida, referente a los derechos de las mujeres en reclusión.
El curso, denominado “Derechos Humanos, seguridad pública, Derechos Humanos de las personas privadas de libertad y derechos de las mujeres”, se realizó del pasado 23 de septiembre al 03 de noviembre, y fue impartido por el personal de la CODHEY y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, entregó las constancias de capacitación a los participantes y recordó que las personas en reclusión tienen derechos que deben ser respetados. “No se trata de otorgar privilegios, se trata de cumplir lo establecido en la ley; las reclusas no deben objeto de malos tratos o de actitudes que dañen su dignidad, ellas tienen una deuda con la sociedad y están pagando su pena”, dijo.
El Ombudsman insistió en la necesidad de que lo centros de internamientos cumplan la función de readaptación, para que al salir puedan integrarse, ser útiles en la sociedad y evitar su reingreso a prisión. En la ceremonia de entrega de constancias estuvo presente la directora del Cereso femenil, Karina Pérez Ramos y el Presidente del patronato de asistencia social, Edwin Chuc Can.
La capacitación estuvo a cargo de Minerva Benítez Castillo y Jesús Rivas Lugo, de la CODHEY; y de Felipe Vázquez Cardoso de la CNDH. La capacitación a los funcionarios precisó conceptos básicos, modificaciones legislativas constitucionales y aplicación de normas jurídicas que tutelan los Derechos Humanos desde los Constitucional y los Tratados Internacionales y las Reformas Recientes en materia penal.
Se enfatizó que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en un centro de reclusión, deben de gozar de igualdad de oportunidades para el trabajo, la educación y para el desarrollo de actividades culturales y recreativas, las cuales deben ser apropiadas para su condición de mujer, sin que sean discriminadas o marginadas.
También se insistió a su derecho a la protección de su salud, a la permanencia de sus hijos en el centro durante sus primeros años de vida, al derecho a la seguridad jurídica en su proceso, como sentenciada y durante la permanencia en el centro para cumplir una sentencia.
En cuanto al personal de custodia, se enfatizó en la incidencia de seguir protocolos de guarda y custodia, de los códigos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de la observancia de los principios básicos del uso de la fuerza, así como todo ordenamiento que compete.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán