El jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, José Ávila, saludó la decisión del Poder Ejecutivo de promulgar la primera Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria (Ley N° 29709), y recomendó su pronta reglamentación, a fin de que el Estado regule y ordene el régimen laboral especial de los servidores penitenciarios en todo el país.
La nueva norma permitirá la creación de un escalafón penitenciario que regulará el ingreso, la permanencia, el desarrollo y el cese del servidor penitenciario de acuerdo a las funciones que realice. Del mismo modo, establecerá los derechos, los deberes, las prohibiciones y la situación laboral de los servidores penitenciarios, su capacitación y especialización e incentivos, el régimen disciplinario, el sistema de faltas y sanciones, así como el establecimiento de un Tribunal Disciplinario en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). “Ahora solo se requiere que la reglamentación de esta norma no demore para que su aplicación sea completa”, subrayó el funcionario, quien destacó que esta ley –que ha sido recomendada por la Defensoría del Pueblo– significa un importante avance en la carrera de los servidores pertenecientes al INPE, en todo el territorio nacional.
Agregó que, en una sociedad democrática, el trabajo en los establecimientos penitenciarios constituye un servicio público. Además, como sucede en otras entidades del Estado, estos establecimientos deben ser dirigidos por servidores y funcionarios civiles cuidadosamente elegidos, y adecuadamente capacitados, supervisados y apoyados con el objeto de contribuir al bienestar público.
Más adelante señaló que “para identificar y mantener personal penitenciario de alta calidad es esencial un escalafón penitenciario, un nivel salarial adecuado y que las demás condiciones de empleo sean similares a las de otros trabajos del servicio público”.
A continuación sostuvo que la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria promueve los principios de la meritocracia, de la probidad y la ética pública, pilares fundamentales de una organización moderna, las cuales permitirán mejorar los indicadores de eficiencia y responsabilidad que demanda el país.
Finalmente, Ávila expresó que la Defensoría del Pueblo saluda la decisión del Congreso de la República de reforzar al Sistema Penal y a la seguridad ciudadana mediante un dispositivo legal que es pieza clave en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.