El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, solicitó ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC reubicar a los internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar o reducir la población carcelaria, para que se adelanten las obras que permitan el suministro permanente de agua potable para los 1.436 reclusos que, desde hace un mes, adelantan actos de protesta por la crisis sanitaria provocada por la escasez del recurso hídrico en ese centro de reclusión.
Igualmente, el Defensor del Pueblo señaló que funcionarios de la Defensoría del Pueblo acompañaron hoy a los representantes a la Cámara Iván Cepeda y Jerney Acosta en la visita que se programó con el fin de evaluar las condiciones sanitarias del centro penitenciario de Valledupar por el desabastecimiento del agua y evaluar el operativo realizado durante el fin semana por parte del grupo de reacción inmediata del INPEC para contener la protesta de los internos.
El Defensor del Pueblo señaló que, de acuerdo con las quejas presentadas por parte de los reclusos, la Defensoría del Pueblo adelantará una indagación sobre el operativo que dejó como resultado 10 reclusos con contusiones y golpes como consecuencia de la acción del grupo de reacción inmediata para neutralizar la protesta al interior del centro penitenciario.
Dentro de los acuerdos convenidos en la reunión que se adelantó en la Gobernación del Cesar entre las autoridades carcelarias, los miembros de la Cámara de Representantes, funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, la alcaldía de Valledupar, representantes del Ministerio del Interior y de Justicia y de la Defensoría del Pueblo para buscar soluciones a este problema, se propuso la creación de una subcomisión técnica que se encargará de determinar el volumen real de agua que se suministra al centro penitenciario con el fin de establecer el número de internos a los que se podría dotar de este servicio y contemplar la reducción de la población reclusa en ese centro penitenciario.
Agua potable y crisis sanitaria
Asimismo, el Defensor del Pueblo indicó que la visita de hoy permitió establecer que el suministro de agua al centro penitenciario es mínimo y el origen de la actual escasez corresponde al diseño arquitectónico del establecimiento carcelario, al deterioro por el uso de las tuberías internas, la ausencia de tanques elevados en las torres que permitan suministrar el agua por gravedad y la desactualización del sistema del acueducto y alcantarillado de Valledupar, que cumplió un ciclo de sesenta años. “El centro de reclusión de Valledupar está recibiendo un flujo de 590 metros cúbicos de agua, lo cual resulta insuficiente para lograr la cobertura total en el suministro del líquido para las celdas, torres y dependencias que conforman el complejo penitenciario”, explicó el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez.
Ante la situación de escasez, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, dijo que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, y la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar –Emdupar, deben solucionar de manera urgente y definitiva el problema de desabastecimiento de agua y evaluar la recomendación de reubicar a los internos o reducir la población carcelaria. “Se debe entender que el acceso al agua constituye un derecho fundamental cuya falta de suministro afecta la supervivencia del ser humano, y como los internos están bajo la custodia del Estado a través del INPEC, no debe escatimarse esfuerzo alguno para buscar soluciones estructurales y definitivas a este problema”, destacó el Defensor del Pueblo.
Acción popular de la Defensoría del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, también recordó que desde 1997 la institución a su cargo viene acudiendo a tutelas, acciones populares y a incidentes de desacato a órdenes de la Corte Constitucional con el propósito de solucionar de manera definitiva el endémico problema de agua en la penitenciaría de Valledupar, sin que hasta el momento encuentre solución. “Luego de que en instancias como la Corte Constitucional y el Tribual Administrativo del Cesar, donde la Defensoría del Pueblo tramitó un incidente de desacato al mandato de la Corte Constitucional que ordenaba al INPEC y la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar – Emdupar-, buscar los recursos para solucionar el problema de desabastecimiento de agua en la penitenciaría, la situación sigue igual”, reiteró el Defensor del Pueblo.
Para la Defensoría del Pueblo, si bien tanto el INPEC como los entes territoriales del nivel departamental y municipal han intentado cumplir con los mandatos de las autoridades judiciales, las soluciones presentadas al problema del agua han sido coyunturales más no estructurales.
En principio se pensó que la solución al problema estaría en la construcción de un tanque de gran capacidad de almacenamiento de agua; en tal sentido, la Defensoría del Pueblo presentó una acción popular en el Tribunal Administrativo del Cesar, corporación que en 2003 acogió la solicitud de la institución y ordenó al Inpec la construcción de un recipiente amplio para la reserva de líquido. Sin embargo, se construyó un recipiente con capacidad para sólo 100 metros cúbicos de agua, por lo que el problema continuó.
Posteriormente, en octubre de 2008, la Defensoría del Pueblo presentó un incidente de desacato y en un fallo del 20 de enero de 2009, el Tribunal Administrativo del Cesar le señaló un plazo de un año para que el INPEC solucione definitivamente el problema de desabastecimiento del agua en ese establecimiento penitenciario.
Al acatar la orden de la Corte Constitucional el INPEC construyó otro tanque de almacenamiento con capacidad para 400 metros cúbicos de agua, pero no llegaba el suficiente caudal para llenar los dos tanques. Se estableció entonces que el tubo conductor del líquido al penal era de mínima capacidad (tres pulgadas) y que existía cantidad de derivaciones fraudulentas hacia predios rurales próximos a la penitenciaría.
Luego, a mediados de 2010, la Gobernación del Cesar hizo un aporte que permitió instalar un ducto de seis pulgadas paralelo a la vía vehicular que conduce al penal y que no resultó efectivo porque se olvidó instalar las válvulas para extraer el aire. A pesar de esa solución provisional el agua continuó llegando en cantidades mínimas y se trató de superar el problema con la instalación de un sistema de ventosas, pero, aún así, la presión del líquido continuó siendo muy débil y la población reclusa continúa recibiendo el líquido durante 20 minutos dos veces al día.
A esta situación se suma el hecho de que, según lo establecido por la Defensoría del Pueblo en Valledupar, la estructura física del establecimiento penitenciario presenta un marcado deterioro por el uso y el paso del tiempo y han hecho falta esfuerzos para su mantenimiento.
Todo lo anterior llevó al Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, a solicitar de la autoridad penitenciaria y carcelaria del país reubicar a los internos de este centro penitenciario o reducir la población carcelaria, mientras se resuelve el problema estructural que afronta la penitenciaría de Valledupar que garantice el suministro del líquido en forma ininterrumpida.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.