A raíz de un nuevo episodio de fuga de internos –producida esta madrugada en la Casa de Arresto Domiciliario “Santa Bárbara”–, el Jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, José Ávila, señaló hoy que luego de realizar tres supervisiones, esta institución ha solicitado a las autoridades competentes, en reiteradas ocasiones, su clausura por presentar serios problemas en su infraestructura, así como un inmanejable hacinamiento humano y tratos inhumanos. “No se trata de la primera fuga. En enero del 2009, otras ocho personas lograron llegar al exterior a través de un forado, en tanto que, en mayo del mismo año, cinco personas intentaron hacerlo, sin éxito. Por ello se había advertido el riesgo de que las fugas se repitieran”, sostuvo el funcionario. Ávila señaló que la Casa alberga a 38 personas en un área prevista para 16, lo que origina inadecuadas condiciones de habitabilidad y de seguridad para el cumplimiento de la detención domiciliaria. A ello se suma el hecho de que el recinto carece de amparo legal y no cuenta con un régimen de vida, provisión de alimentos, servicios de salud,
asistencia social y psicológica, agregó. El representante de la Defensoría del Pueblo precisó que el origen de esta situación es la demora en la tramitación de los procesos penales, de modo que, al cumplirse los plazos de detención preventiva y no haber obtenido sentencia, las personas deberían recuperar su libertad o ser condenadas, argumentó. Ávila afirmó que, en razón de ello, la Defensoría del Pueblo ha invocado reiteradamente a los Presidentes de las Cortes Superiores de Lima, Callao y Lima Norte a resolver de manera inmediata la situación jurídica de estas personas y determinar su responsabilidad o inocencia. Esta recomendación fue reiterada en tres Informes remitidos a las autoridades respectivas. Igualmente, se recomendó al Ministerio de Justicia, como sector articulador del servicio de justicia, evaluar esta situación de manera urgente y buscar acuerdos con las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, para resolver esta irregular situación. Por otro lado, el funcionario dijo que la fuga producida en la madrugada del día de hoy, 10 de febrero del 2011, evidencia no solo la inseguridad del local –que pone en riesgo a los vecinos del lugar sino también la seguridad ciudadana en general-, porque se trata de personas procesadas por delitos graves como tráfico ilícito de drogas y robo agravado. Lo más preocupante es la inacción de las autoridades judiciales para lograr resolver los procesos de estas personas, en un tiempo razonable. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo reitera su invocación a las autoridades judiciales a que den cumplimiento a los plazos procesales para que situaciones como la creada en esta Casa de Arresto Domiciliario no se repitan. De igual modo que se disponga la clausura de este lugar. Finalmente, José Ávila sostuvo que, en tanto esta situación se resuelva, las condiciones de detención deben ser las adecuadas y reforzar de inmediato las medidas de seguridad respectivas. FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.
