La Defensoría de los Habitantes instó a las autoridades del Ministerio de Justicia a valorar el riesgo asociado a las últimas lluvias que impactaron el país, y particularmente los terrenos aledaños al centro penitenciario El Buen Pastor.
La solicitud obedece a que durante una reciente visita al lugar se pudo observar nuevos desprendimientos, tubería verde expuesta en la margen del río, tubería blanca destruida, múltiples caídas de agua en la pared del talud, piedras en la base del río que han venido conformando una especie de dique. Con ocasión de estos nuevos hechos la Dirección del Buen Pastor tomó la medida del traslado del tanque de gas a otro sector, todo lo cual vuelve a preocupar la seguridad del personal, de las privadas de libertad y de las personas que habitan en las márgenes del río Cañas.
Semanas atrás la Defensoría pidió, como medida de prevención, el traslado a más de 200 mujeres que se encuentran cercanas al sector y en donde existe el problema en el terreno, sin embargo, extraña a esta entidad, el silencio que se ha mantenido para dar una respuesta clara y precisa a esta Defensoría por parte del jerarca.
Incluso, en la inspección realizada el viernes anterior se confirmó que incluso se ordenó la suspensión de la visita íntima, debido a que la estructura se encuentra muy cercana del lugar donde el terreno es inestable.
Esta situación ya tiene 12 años de registrarse en esa zona sin que las respuestas institucionales se hayan dado de la mejor manera. Debe recordarse, que el informe más próximo emitido por la Escuela Centroamericana de Geología de la UCR indicó que “se torna ineludible la necesidad de estabilizar el talud lo antes posible, pues el avance del proceso amenaza con derrumbar las obras de infraestructura localizadas en sus cercanías y se teme por la seguridad de las personas que las ocupan”, para lo cual añade, “un trabajo de estabilización de esta envergadura involucra un costo aproximado de $2 880 000, por lo cual se deben realizar las valoraciones apropiadas sobre la conveniencia de su ejecución, o en su defecto, de la reubicación del centro de reclusión”, lo que coincide con el criterio institucional que constituye el fundamento de la recomendación de la Defensoría de reubicar de forma inmediata a las privadas de libertad.
La demolición de las obras de las obras, recomendada por la CNE desde hace varios meses, es reiterada y ampliada en el informe en mención, al destacar que “para lograr la estabilización del talud se requiere realizar un movimiento de tierras muy importante, el cual implica acostar la superficie del terreno y sacrificar 24 m lineales hacia adentro del penal. Lo anterior conlleva la demolición de algunas de las instalaciones existentes”, lo cual fue destacado por esta Defensoría en el informe con recomendaciones dirigido al Ministro de Justicia.
Sobre la base de este informe técnico tan contundente, preocupa a la Defensoría que el Ministro de Justicia anuncie, a la prensa, sólo la inversión en la construcción de un módulo y en el mismo terreno cuestionado, y postergue la reubicación de las privadas de libertad y la estabilización del talud, lo que constituye una medida de prevención necesaria para garantizar la integridad y la vida de las personas.
FUENTE: La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.