Gracias a una iniciativa de la Defensoría del Pueblo, hoy se efectuó la primera reunión de una mesa de trabajo que se instaló en el Establecimiento Penal de Lurigancho, a la que asistieron César Vega Vega, Presidente de la Corte Superior de Lima, magistrados de dicha Corte, representantes del Ministerio Público, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), del Ministerio de Justicia, así como los delegados de los 21 pabellones del referido penal con el objetivo de prevenir conflictos o situaciones de violencia en su interior.
La mesa fue conducida por José Ávila Herrera, Jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, quien celebró la disposición de las autoridades participantes a atender la problemática de los reclusos y buscar soluciones que permitan superar las deficientes condiciones de detención, fortalecer el principio de autoridad y mejorar los niveles de convivencia pacífica para facilitar su reinserción social.
“En la reunión se abordaron básicamente tres aspectos: en primer lugar, mayor celeridad de los expedientes penales; en segundo lugar, criterios justos y razonables para el otorgamiento de beneficios penitenciarios; y, finalmente, problemas en la elaboración de los informes relacionados con beneficios penitenciarios”, sostuvo el funcionario.
Los representantes de la Corte Superior de Justicia de Lima y la Defensoría del Pueblo coincidieron en sostener que estas mesas de trabajo benefician el clima de calma que debe existir en uno de los penales más hacinados del país, en tanto permiten a la población penitenciaria exponer sus necesidades y, a su vez, que los internos conozcan las medidas que se están adoptando para mejorar el sistema de administración de justicia.
Después de conocer los pedidos de los internos, el doctor César Vega Vega anunció un conjunto de medidas que ayudarán a dar mayor celeridad en los procesos judiciales, como la instalación de una mesa de trámite en el penal. De igual modo, dispuso que losmagistrados organicen visitas permanentes en los penales para verificar que se ejerce un mayor control y vigilancia, así como atender los pedidos de los internos.
De igual modo, las autoridades de otros sectores que asistieron a la reunión se comprometieron a evaluar los pedidos y buscar fórmulas de solución para que la ejecución de las condenas y medidas de detención preventiva sean compatibles con el ordenamiento jurídico.
La Defensoría de Pueblo mantiene su compromiso de promover el diálogo entre las autoridades y las personas privadas de libertad, en los diversos establecimientos penitenciarios del país, con el objetivo de contribuir a prevenir situaciones de conflicto o violencia.
Fuente: Tomado de la Defensoría del Pueblo del Perú