En una carta remitida al Presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rubén Rodríguez Rabanal, la Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación frente a los recientes actos de violencia en los penales y reitera la necesidad de emprender una reforma penitenciaria que cuente con los recursos económicos suficientes que aseguren resultados concretos y sostenibles en el tiempo.
El doctor José Ávila, Jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo señaló que “La grave situación de los penales fue advertida por la Defensoría del Pueblo, en un informe defensorial denominado “Supervisión del Sistema Penitenciario”, en el que se reconoce un estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario del país debido a una situación de afectación permanente a los derechos fundamentales y de inseguridad en las cárceles”.
El representante de la Defensoría del Pueblo dijo que es necesario emprender una reforma penitenciaria que garantice un sistema penitenciario seguro, ordenado y respetuoso de los derechos humanos, que incluya mejoras en las condiciones laborales del personal penitenciario y que permita recobrar el principio de autoridad en las cárceles.
La Defensoría del Pueblo señala cinco aspectos mínimos que deben ser atendidos en una reforma penitenciaria, estos son: i) Fortalecer la seguridad penitenciaria y los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción como condiciones básicas para recuperar el principio de autoridad y someter las cárceles al imperio de la Ley, ii) Garantizar una política de respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad como fundamento ético de la gestión penitenciaria, iii) Fortalecer la política de clasificación penitenciaria, iv) Mejorar los programas de reinserción social: trabajo y educación y v) Mejorar las condiciones de trabajo y especialización del personal penitenciario. Asimismo, el doctor Ávila condenó la muerte del Director del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, Manuel Vásquez Coronado, y solicitó que se garantice la seguridad de los directores de penales, de otro lado recomendó incluir a los servidores del Instituto Nacional Penitenciario en los alcances de la Ley Nº 29420, que otorga el beneficio de seguro de vida o compensación extraordinaria a policías, militares y bomberos que fallecen o sufran invalidez como consecuencia de actos de servicio.
“Esta medida, es sólo una de las que deben adoptarse para brindar una seguridad adecuada a estos servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones, la misma que debe estar acompañada de otras acciones, como el incremento del número de personal de seguridad, mejora de los medios logísticos para el cumplimiento de sus labores, capacitación permanente, y la aprobación de una Ley de Carrera del Trabajador Penitenciario, entre otras acciones”, sentenció Ávila.
La Defensoría del Pueblo confía en que las autoridades evaluarán las recomendaciones formuladas por la institución que buscan contribuir a superar la grave crisis que enfrenta el sistema penitenciario que sin duda alguna afecta también la seguridad ciudadana. Sistema Penitenciario.pdf
Fuente: Tomado de la Defensoría del Pueblo del Perú