Como resultado de la Mesa de Trabajo en Salud Mental, “Derechos Humanos y Justicia”, promovida por la Defensoría del Pueblo, representantes del Tribunal Constitucional (TC), del Ministerio de Salud (Minsa), del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Instituto de Medicina Legal (IML) y del Poder Judicial acordaron impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de las personas con problemas de trastornos mentales que se encuentren privadas de libertad.
Durante la reunión de trabajo, celebrada el martes último en la sede institucional, el Primer Adjunto a la Defensora del Pueblo, Eduardo Vega, destacó la importancia de promover la implementación de una política pública de atención a las personas con problemas mentales que se encuentran internadas en establecimientos psiquiátricos y penitenciarios tras haber sido declaradas inimputables.
Por su parte, el Presidente del TC, Carlos Mesía, se pronunció respecto de la necesidad de articular un trabajo multisectorial con relación a estas personas y de adoptar, en el corto plazo, medidas concretas para lograr su adecuada atención y reinserción social.
En la reunión se acordó mantener una coordinación permanente para prestar atención a los problemas estructurales identificados por el TC, y para garantizar la continuidad que requiere la labor iniciada por la Mesa de Trabajo de Salud Mental, “Derechos Humanos y Justicia”.
Asimismo se consideró necesario desarrollar y consensuar un modelo de intervención específico para la atención de este tipo de pacientes. Cabe recordar que, mediante Sentencia del 26 de agosto del 2010, el TC llamó la atención respecto de “la violación masiva y generalizada” de los derechos fundamentales de las personas con trastornos mentales, internadas en establecimientos penitenciarios por medidas de seguridad, declarando la existencia de un estado de cosas inconstitucional por la falta de una política de tratamiento y rehabilitación de las personas sujetas a estas medidas.
La referida sentencia recoge en varios de sus fundamentos los resultados del Informe Defensorial N° 102, titulado “Salud mental y derechos humanos: La situación de los derechos de las personas internadas en establecimientos de salud mental”, publicado en el 2005.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.