La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, emitió la Recomendación 46/2014, dirigida al gobierno del estado de Sinaloa, por inadecuada procuración de justicia de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, en agravio de un periodista que perdió la vida en un ataque armado que sufriera en su vehículo junto con tres familiares que resultaron heridos.
De acuerdo con las evidencias, los funcionarios son responsables de retardar o entorpecer la función de la investigación o procuración de justicia, de integrar la averiguación previa de manera irregular o deficiente y de abstenerse de practicar diligencias para acreditar la probable responsabilidad de un inculpado.
El 4 de noviembre de 2013, cuando el periodista se desplazaba en un vehículo, acompañado de tres familiares, por una carretera en la zona central del estado de Sinaloa, fueron atacados desde otro vehículo por un grupo armado que les disparó con armas de fuego, provocando que se volcara el automóvil en que viajaban, evento en el cual el comunicador fue privado de la vida y resultaron lesionadas dos de los tres pasajeros.
Por tales acontecimientos, la Procuraduría General de Justicia en ese estado inició en esa fecha, la averiguación previa correspondiente, indagatoria que, según la última información proporcionada el 6 de agosto de 2014 por esa autoridad, continúa en integración.
El 5 de noviembre de 2013, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República, inició acta circunstanciada por los mismos hechos, lo que dio lugar a una segunda averiguación previa relacionada con el homicidio del periodista; no obstante, el 18 de diciembre de ese año, la indagatoria se remitió a la Procuraduría estatal para su prosecución, por incompetencia en razón de fuero y materia.
No obstante que derivado de los hechos ocurridos en noviembre de 2013, la Procuraduría local inició una indagatoria y practicó diversas diligencias, desde el mes de diciembre de ese año no se advierte que se hayan llevado a cabo actuaciones tendentes al esclarecimiento de los eventos en que perdiera la vida el comunicador, ni que se hubiera investigado a profundidad si su homicidio tuvo lugar como consecuencia de su actividad profesional de periodista; de igual forma se advierte que no se han agotado las líneas de investigación que pudieran dar cuenta de lo sucedido.
Tras concluir la investigación, la Comisión Nacional contó con elementos suficientes para evidenciar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de las cuatro personas, derivado de irregularidades atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Sinaloa.
Por ello, en su Recomendación 46/2014, la CNDH pide al gobierno de Sinaloa se tomen las medidas necesarias para que, en vía de reparación del daño, se brinde a los familiares de la persona fallecida, así como las otras tres víctimas, la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria para restablecer su estado de salud y estabilidad emocional.
Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional en el seguimiento e inscripción de las víctimas y demás familiares que conforme a derecho proceda, en el Registro Nacional de Víctimas, cuyo funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.
También que se instruya al Procurador General de Justicia en el estado, a fin de que, a la brevedad, se implementen las acciones necesarias para integrar y determinar conforme a estricto derecho la averiguación previa inicial.
Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional en el trámite de la denuncia de hechos y queja que este organismo nacional formule ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa y su Visitaduría, respectivamente, respecto de la responsabilidad de los servidores públicos que han tenido a su cargo la integración e investigación de ese caso.
Pide se diseñe y ponga en práctica, un programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, dirigido a todo el personal, incluyendo mandos medios y superiores del gobierno del estado de Sinaloa, buscando así que las tareas que realizan en el marco de sus atribuciones se ajusten a la legalidad y respeto.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México