Cinco años atrás se promulgaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), una normativa de vanguardia que es un profundo cambio de perspectiva sobre el derecho humano a la libertad de expresión y su valor democrático.
Con ella, nuestro país comenzó un proceso de democratización de la comunicación audiovisual, priorizando sobre los intereses comerciales el derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos.
Desde entonces, la legislación argentina asume la comunicación como un campo de interés público que requiere de administración estatal. La función del Estado deja de limitarse al resguardo de la libertad de prensa, asegurando la inexistencia de censura previa, ocupándose ahora también de promover el pluralismo, la diversidad y la desconcentración con el fin de defender el derecho del público a recibir la máxima diversidad posible de información libre de la intervención gubernamental y de los intereses comerciales de las empresas del sector.
Con la LSCA se ha avanzado hacia un reparto equitativo de los medios entre actores comerciales, el sector público y la sociedad civil a través de las organizaciones sin fines de lucro. Es en este tercer sector, por primera vez reconocido legalmente con esta norma, que se preserva, divulga y potencia la diversidad de las manifestaciones culturales y se avanza hacia la igualdad de oportunidades en el acceso de toda la sociedad a los medios de comunicación. La libertad de expresión debe poder ejercerse tanto en su faz individual como en su faz social, satisfaciendo la necesidad de todas las personas de recibir información y opiniones diversas, tal como lo estipuló la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén abiertos a todos sin discriminación, lo que significa que no haya individuos o grupos que estén excluidos del acceso a tales medios, de modo que sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla.
Cabe destacar que la LSCA, además, es el resultante de un inédito proceso de gestación democrática, que se inició con la militancia de las organizaciones civiles con trabajo en la comunicación audiovisual, continuó en una extensa serie de foros federales de debate y concluyó con su aprobación definitiva por amplia mayoría en el Congreso nacional, a lo que sumó luego un fallo de la Corte Suprema de Justicia, consolidando su constitucionalidad.
Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la legislación argentina ha jerarquizado el derecho a la libertad de expresión, profundizando su compromiso con los derechos humanos y reconociendo su importancia para el enriquecimiento de los procesos democráticos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires