El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado David Ernesto Morales Cruz, ante la reciente amenaza a la vida e integridad en contra del periodista y director del periódico digital La Página, Licenciado Ciro Granados, EXPRESA:
Su preocupación por la amenaza que recibiera el pasado jueves 13 de los corrientes el director del periódico digital www.lapagina.com.sv y que fue denunciada mediante una nota periodística publicada por ese medio de comunicación. Al respecto se ha conocido que dicha amenaza proviene de un alto dirigente político que no ha sido revelado por el denunciante, pero que representa un claro atentado contra el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en El Salvador.
Ante este lamentable hecho es oportuno recordar que: «El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada»[1].
Por ello, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos condena y rechaza dicha amenaza que causa conmoción no solo por la trascendencia que tiene a nivel personal de los periodistas y sus familias, sino por las repercusiones al ejercicio de la profesión, debido a que estos hechos producen un efecto paralizante en la sociedad al enviar un mensaje claro a quienes realizan actividades informativas, y se constituye en un método eficaz de censura.
En este sentido, la actuación estatal en estos casos debe ser tanto preventiva, evitando que las amenazas puedan llegar a concretarse, como decisiva para investigar, enjuiciar y castigar a quienes amenazan, asesinan o cometen cualquier forma de represalia contra una persona por la manifestación de sus ideas y opiniones[2].
En consecuencia de lo anterior, el Procurador hace un llamado al señor Fiscal General de la República, y al señor Director de la Policía Nacional Civil, a efecto que realicen las actuaciones dentro de su mandato constitucional y legal para identificar al responsable de esta grave amenaza, y evitar que la misma se conviertan en un mensaje de temor e impunidad que afecte negativamente la seguridad de la ciudadanía, la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
De forma especial, considera oportuno recordar las recomendaciones dirigidas a los propietarios de los medios de comunicación[3], en el sentido de instarlos a proveer el apoyo apropiado a los periodistas, incluyendo protocolos de seguridad y capacitación adecuada para aminorar los riesgos.
Finalmente, en atención a sus facultades constitucionales y legales hace del conocimiento que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha abierto un expediente para recopilar información sobre este hecho y reafirma su compromiso de brindar seguimiento a la investigación de este caso, que atenta contra la integridad, seguridad y el libre ejercicio del periodismo en El Salvador.
San Salvador, 18 de febrero de 2014.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH. Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estudio Especial sobre Asesinato de Periodistas. 8 de marzo de 2008. página 40, párrafo 70.
Organización de las Naciones Unidas, Informe de la misión a México del Relator Especial para la Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, señor Frank La Rue, 19 de mayo de 2011. A/HRC/17/27/Add.3 Recomendaciones finales.
FUENTE: Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador