A 10 años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley N°27806, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, insistió en la necesidad de contar con una autoridad con «autonomía operativa, administrativa y de decisión» para lograr que toda persona acceda a información pública de manera oportuna y de calidad.
«Se trata de contar con una instancia rápida, sencilla y efectiva ante la cual las personas puedan reclamar por los incumplimientos a las normas de acceso a la información. Sin un mecanismo ágil y oportuno, el reconocimiento del derecho se vuelve insuficiente», acotó el funcionario durante la inauguración de la VI Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública.
Vega reconoció los esfuerzos del Estado para reforzar el marco normativo de acceso a la información pública. Resaltó que, hace unas semanas, el Poder Ejecutivo modificó el Reglamento de la Ley para incorporar mejoras en sus procedimientos. «El primero que quiero destacar es la disposición de que el funcionario responsable de entregar la información dependa de la máxima autoridad administrativa de la entidad y que se prohíba expresamente su sanción, cambio o desvinculación de la entidad como consecuencia del correcto cumplimiento de las normas de transparencia», anotó.
Un segundo cambio importante –comentó- es la determinación expresa que la máxima autoridad de la entidad tiene la obligación de disponer la inmediata recuperación o reconstrucción de la información extraviada, destruida o modificada indebidamente.
No obstante estos avances normativos, el Defensor del Pueblo (e) señaló que un reto pendiente es reforzar la capacidad del Estado para sancionar los incumplimientos a la norma. «En nuestro país, la jurisprudencia y la normativa son claras en determinar que la misión dolosa de dar respuesta a los pedidos de información debe ser sancionada. Esta situación se ha presentado en el 65% de los casos recibidos por nuestra institución en todo el país entre el 2003 y el 2012.
Sin embargo, dicha actitud no recibe una sanción que permita corregir la vulneración del derecho y prevenir situaciones similares», subrayó. A modo de ejemplo, Vega señaló que en Chile existe el Consejo para la Transparencia que resuelve los reclamos por falta de acceso a la información en aproximadamente 52 días hábiles. En tanto que en México, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos resuelve los recursos en
menos de tres semanas y sus decisiones son acatadas, en el 99% de los casos, por las dependencias y entidades de orden federal.
En el caso Peruano, el hábeas data –mecanismo judicial de reclamo- puede demorar hasta 25 meses en ser resuelto lo cual sin duda es demasiado tiempo, explicó el representante de la Defensoría del Pueblo en otro espacio de su intervención.
Apuntó que la Conferencia Nacional -que se inició hoy y que concluirá mañana- es una oportunidad de diálogo sobre la transparencia en la gestión pública y lucha contra la corrupción, la problemática de la gestión transparente en los gobiernos regionales y locales, los avances en el Plan de Gobierno Abierto, y las experiencias nacionales e internacionales sobre protección de datos personales, entre otros importantes temas.
«Estoy seguro de que, como en años anteriores, la participación de ustedes será fundamental para avanzar, como país, en la consolidación de un Estado transparente, democrático y libre de corrupción», terminó diciendo el Defensor del Pueblo.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú