De los 30 periodistas y personas vinculadas a los medios de comunicación, 9 perdieron la vida en el departamento de Francisco Morazán, 6 en Cortés; 4 en Atlántida, 2 en Copán, 2 en Olancho, 2 en El Paraíso, 1 en Santa Bárbara, 2 en Colón, 1 en Yoro y 1 en Lempira.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, condenó hoy la muerte violenta del periodista Alfredo Villatoro y reiteró su llamado al gobierno del Presidente Porfirio Lobo, que adopte las medidas cautelares necesarias para proteger la vida de los miembros del gremio de periodistas que son victimas de persecución y amenazas por la labor que realizan en pro de la libertad de prensa en el país.
“Nos solidarizamos con la familia del querido amigo Alfredo Villatoro y urgimos de las autoridades encargadas de la seguridad la pronta investigación hasta dar con el o los responsables materiales e intelectuales del crimen y que el mismo no quede impune”, dijo Custodio.
El ombudsman hondureño exigió que cese el hostigamiento a los comunicadores sociales y demandó que sean investigadas las denuncias y los crímenes cometidos contra comunicadores por el ejercicio de su labor. Aclaró que esa amenaza afecta particularmente a quienes cubren problemas sociales, como el crimen organizado, el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos, corrupción y critican a las autoridades o a los sectores de poder.
En ese sentido, respaldó la denuncia de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los defensores de los derechos humanos, en relación a que los periodistas ocupados de casos de corrupción, delincuencia organizada, tráfico de drogas o investigaciones sobre abusos cometidos en el pasado, figuran entre los grupos de defensores más afectados por violaciones de los derechos humanos
De acuerdo al CCPDH, ningún Estado debe castigar la función investigadora y de denuncia, y que por el contrario, debe asegurar la diversidad y pluralidad en la información sin privilegiar a ningún medio bajo ninguna circunstancia, ni ejercer algún tipo de presión que interfiera en la labor informativa de cualquier medio de comunicación.
Los ombudsman de la región, condenaron las acciones en contra de los medios de comunicación y periodistas que han sido asesinados, amenazados, demandados o difamados a través de medios estatales o por autoridades, hechos que permanecen sin esclarecimiento y en la impunidad.
“Expresamos nuestra solidaridad con los medios de comunicación, el gremio periodístico y con las organizaciones e instituciones que velan por el respeto del derecho a la información, investigación y denuncian la censura, la corrupción y la impunidad”, establecen en la Resolución. En Honduras, advirtió Custodio, hay un aparato organizado de poder que buscar aterrorizar periodistas, medios de comunicación y a todos los que defendemos la libertad de expresión y luchamos contra la corrupción y la impunidad en el país.
“Cuando en una sociedad se ponen de moda los secuestros y las ejecuciones extrajudiciales, lo que nos están diciendo, los que nos deben seguridad pública, es que hay un aparato organizado de poder para intimidar y aterrorizar a la población”, reiteró. Cuando practican este tipo de delitos, dijo Custodio, le están dando un mensaje a la población que son tan poderosos que puede hacer cualquier cosa impunemente y en forma programada.
Agregó que ese interés que existe en aterrorizar y acallar la voz de los periodistas que con valentía denuncian los actos de corrupción y la impunidad en el país, “es condenable, en toda su magnitud”. Declaró que ese tipo de hechos son una muestra evidente de la situación de violencia a la que están expuestos los periodistas hondureños como resultado del ejercicio de su profesión.
Custodio cuestionó la indiferencia del gobierno ante tales acontecimientos, que no solo atentan contra el derecho a la vida sino que contra el derecho al trabajo, el derecho a la libre emisión del pensamiento y el derecho a buscar, diseminar e informar libremente por parte de los comunicadores sociales.
Indicó que la violencia en perjuicio de los periodistas continúa siendo una amenaza muy grave principalmente contra quienes cubren y denuncian problemas sociales como el crimen organizado, el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción gubernamental.
La persistencia de la impunidad en el país, según Custodio, “genera un sentimiento de impotencia y frustración en el pueblo hondureño”. Según el defensor de los derechos humanos, ni el aumento del número de policías, ni el millonario gasto en seguridad ha sido la solución, porque hasta ahora la delincuencia ha desbordado la capacidad preventiva o la represión policial del delito.
Custodio fue contundente al señalar que “aquí están más garantizados los derechos de los criminales, delincuentes y del crimen organizado que de las personas honestas de este país”. Añadió que ya es necesario ponerle un punto final a esta situación de inseguridad en que vive la mayor parte de la población hondureña por las actuaciones indebidas de muchos miembros de la policía hondureña.
En declaraciones recientes, el ombudsman hondureño advirtió que en Honduras hay un terrorismo implantado por cierta autoridad policial, que prácticamente son los nuevos dueños del poder en el país que tienen “aterrorizada a la población”. Producto de la crisis policial que se desató a finales de octubre de 2011, luego de la ejecución de dos estudiantes universitarios a manos de miembros de la policía, Custodio, solicitó al Congreso Nacional la aprobación inmediata de las figuras penales de ejecución extrajudicial y desaparición forzada, para ser sancionadas con la pena de prisión de por vida.
Lo anterior, según el organismo humanitario, porque hay autoridades policiales que abusando de la autoridad con que han sido investidos, tienen un aparato organizado de poder que de hecho les otorga licencia para atentar contra el sagrado derecho a la vida de las personas. Custodio también solicitó que la pena máxima de privación de la libertad debía aplicarse también a la asociación ilícita para delinquir como parte del narcotráfico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito e injustificado, tráfico de influencias y cualquier otra forma del crimen organizado.
En ese momento, también se desató una ola de amenazas y atentados contra miembros del gremio de periodistas que valientemente denunciaron los actos delictivos que estaban cometiendo los agentes encargados de “brindar seguridad” en el país. El CONADEH atendió denuncias de amenazas e intimidación de las que fueron objeto el periodista Renato Alvarez, conductor del programa Frente a Frente que se transmite por Televicentro, del periodista Francisco Hernández que labora para la cadena Globo TV.
Además, la denuncia de periodistas y editores de los diarios El Heraldo, La Tribuna y La Prensa que han sido objeto de amenazas contra su integridad física, la vida y la libertad de expresión. En todos los casos, dijo Custodio, las víctimas recibieron mensajes insultantes, denigrantes e intimidatorios que ponen en riesgo su integridad física y la de sus familiares.
Según Custodio, el sistema de justicia hondureño esta en la obligación de prevenir, investigar y castigar al o los responsables de cometer asesinatos, secuestros y todo tipo de intimidación y amenazas contra los miembros el gremio de periodistas. Reiteró que el Estado hondureño debe brindar protección a los periodistas ocupados en la investigación de casos de corrupción gubernamental, delincuencia organizada, tráfico de drogas y otros temas que pongan en riesgo su vida, su integridad física y la de su familia.
El ombudsman hondureño abogó porque cese el hostigamiento contra periodistas y comunicadores sociales ya sea por parte de agentes del Estado como de particulares. En un informe remitido al Congreso Nacional, desde el pasado mes de marzo, Custodio advierte que el ejercicio del periodismo en Honduras es, en este momento, una ocupación de alto riesgo.
Situación que, según el documento, se traduce en el asesinato impune de comunicadores sociales, secuestros, extorsiones, atentados contra medios de comunicación, así como la represión policial con uso excesivo e irracional de la fuerza en contra de periodistas. “Son inexplicables e inexcusables las amenazas del propio presidente de la República en contra de la libertad de expresión, aunque él diga que solo es contra de los dueños de medios”, dijo Custodio.
El ente estatal de derechos humanos ve con preocupación la negligencia de los obligados a investigar, requerir y juzgar, porque gracias a esa negligencia, connivencia, complicidad, incapacidad y hasta complicidad, priva la impunidad en el país. Según el CONADEH, entre el 2003 y lo que va del 2012 han muerto violentamente 30 periodistas y comunicadores sociales.
De la lista en mención, 1 se registró en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006); 5 en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006/ 28 Junio 2009); 1 en el gobierno de Roberto Micheletti (28 Junio 2009/ enero 2010) y 23 en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (enero 2010 – mayo 2012).
En el documento se señala que 27 periodistas y comunicadores sociales perdieron la vida victimas de las armas de fuego, uno por arma blanca, uno por estrangulamiento y otro que se desconoce lo que provocó su muerte. De los 30 periodistas y personas vinculadas a los medios de comunicación, 9 perdieron la vida en el departamento de Francisco Morazán, 6 en Cortés; 4 en Atlántida, 2 en Copán, 2 en Olancho, 2 en El Paraíso, 1 en Santa Bárbara, 2 en Colón, 1 en Yoro y 1 en Lempira.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras