La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) lanzaron un llamado al Estado mexicano para que se abstenga de criminalizar la labor que realizan las y los periodistas de las radios comunitarias, concretamente, que sean cancelados los cierres por vía penal de las emisoras que operan sin permiso y se cree un marco normativo adecuado con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y Derechos Humanos.
Bajo el título “Entre el silencio y la criminalización: sociedad civil rechaza persecución penal contra periodistas comunitarios”, los firmantes acusan un uso abusivo del derecho penal para acallar voces y que violenta la libre de expresión por parte de las autoridades, así como la necesidad del marco legal que reconozca a la radiodifusión comunitaria. “La labor de los medios sociales, como las radios comunitarias, resulta en un canal idóneo para que las voces menos favorecidas tengan acceso a la información acorde a sus necesidades y sobre todo un vehículo para ejercer su libre expresión”, señala el pronunciamiento.
De acuerdo con las instituciones y organizaciones civiles, emisoras como Radio Diversidad, en Veracruz, y Radio Tierra y Libertad, en Nuevo León, tocan temas de derechos humanos, medio ambiente, derechos sexuales y reproductivos, satisfaciendo una necesidad que difícilmente pueden cubrir los grandes medios nacionales. El pasado 1º de diciembre fue detenido el Director de Radio Diversidad, Juan José Hernández, en cumplimiento a una sentencia a dos años de prisión emitida por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Veracruz.
El proceso penal iniciado en su contra, por transmitir sin permiso, inició el 11 de marzo de 2009, cuando agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), con un operativo para el decomiso del equipo transmisor y de diversos enseres de las instalaciones de Radio Diversidad. Se inició también una denuncia penal en contra Juan José Hernández y de los periodistas Paola Ochoa y José Maza, quienes en un principio habían sido llamados a comparecer sólo en calidad de testigos. En un caso similar, Héctor Camero, Director de Radio Tierra y Libertad, fue acusado de usar, aprovechar y explotar un bien propiedad de la nación sin permiso o concesión del Estado, según el Artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales.
Para las y los firmantes, el uso de la legislación penal resulta contrario al cuerpo normativo en materia de protección de la libertad de expresión, ya que existe un procedimiento administrativo en ley menos lesivo que permite sancionar a quienes usan frecuencias sin permiso. Aún más, de acuerdo con el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, presentado por la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, el pasado 7 de marzo, “la imposición de medidas desproporcionadas puede tener un efecto silenciador incompatible con una sociedad democrática”.
Luego de la misión oficial que recientemente realizaron los Relatores para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas México, urgieron al Estado mexicano a adecuar la legislación para que las radios comunitarias sean reguladas en su funcionamiento, pues de lo contrario, advirtieron: “Se les sentencia a silenciar las voces de las comunidades y/o a exponer a la criminalización a los periodistas comunitarios”.
Para esta Comisión, como para quienes suscriben el pronunciamiento, la labor de los medios sociales, y de las radios comunitarias, en este caso, resultan canales idóneos para que las voces menos favorecidas tengan acceso a la información, de acuerdo con sus necesidades, además de que son un vehículo para ejercer la libertad de expresión. Véase la página web de la Comisión para consultar los nombres de las personas y organizaciones civiles que avalan con sus firmas.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México