Se considera que es imprescindible crear una Autoridad Nacional autónoma que garantice y fiscalice el ejercicio de este derecho. En el marco del Día Mundial del Derecho de Acceso a la Información Pública, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, recomendó cinco medidas destinadas a promover la transparencia gubernamental y garantizar el derecho de acceso a la información pública en el país.
En una primera instancia, Vega propuso la creación de una Autoridad Nacional autónoma (especializada y técnica) que garantice y fiscalice el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que imponga las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de esta ley.
Asimismo, el Defensor del Pueblo planteó que se potencie el uso de las tecnologías de información y comunicación en las distintas entidades públicas y que se preste la debida atención a la organización y conservación de los archivos en todas las dependencias.
Por otro lado, Vega señaló la necesidad de asegurar que los funcionarios públicos interpreten las normas de reserva, confidencialidad y secreto de la información privilegiando el acceso a ésta, conforme a la jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia.
Más adelante sostuvo que también se debe establecer indicadores que permitan medir el grado de transparencia y respeto al derecho de acceso a la información pública.
Todas estas propuestas se justifican en los problemas advertidos en las labores de supervisión de la Defensoría del Pueblo y en los informes anuales que elabora la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Así el Defensor del Pueblo sostuvo que de acuerdo con el Informe Anual 2010, emitido por la PCM, el 80% de las entidades públicas obligadas por la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, no da cuenta de las solicitudes de acceso a la información que fueron atendidas.
Asimismo, en el primer trimestre del 2011, de los 25 Gobiernos Regionales supervisados por la Defensoría del Pueblo, solo el 50% cumplió con dar a conocer, mediante sus portales de transparencia, información que estaba obligada a difundir.
Es por ello que, con ocasión de la IV Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública, organizada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Vega propuso, como una acción que merece la más alta prioridad, “reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la protección del derecho de acceso a la información pública mediante un mecanismo que garantice la entrega de información de calidad, en forma oportuna, completa y con menores costos”.
Para la Defensoría del Pueblo, las principales funciones de esta Autoridad Nacional deberían ser: promover una cultura de transparencia y de respeto al derecho de acceso a la información pública; establecer lineamientos de política del Estado en estos temas; determinar criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información secreta, reservada y confidencial; y contribuir con el Archivo General de la Nación y con las dependencias públicas en la elaboración y aplicación de los criterios para la organización de los archivos y la conservación de los documentos.
En tal sentido, a propósito de la celebración del Día Mundial de acceso a la información pública, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema democrático en el Perú, a partir de la promoción y el desarrollo de políticas públicas en materia de transparencia y respeto al derecho de acceso a la información pública.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú