En la presentación del Diagnóstico sobre la situación del Derecho a la Libertad de Expresión en la ciudad de México, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, expuso que ante el entorno de violencia que se vive en el país, es necesario superar la “ficción de las jurisdicciones y brindar ayuda a las personas”.
“Tenemos problemas nacionales, que rebasan las fronteras de los estados, los límites jurisdiccionales, y cuando atendemos a esta ficción de las jurisdicciones lo que ocurre es que se da un proceso de evasión de las responsabilidades; no se sabe bien a bien a quien le toca y eso genera desatención, descoordinación que finalmente termina en la desprotección de las personas”, dijo.
Explicó que en el caso de la atención de los casos de agresiones contra los comunicadores, la CDHDF ha tratado de superar esa ficción de las jurisdicciones y plantear que se trata de un problema de naturaleza nacional que implica acciones nacionales, que tienen que ser coordinadas así.
Señaló que la CDHDF, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, ha generado sinergias con instituciones federales y municipales, “lo que esperamos es que podamos brindar ayuda, con la idea de que frente a la situación que vivimos hoy nos parece que la discusión sobre a quién le toca intervenir es ocioso”.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llamó la atención sobre el hecho de que falta un diagnóstico para saber en dónde se generan riesgos reales a la libertad de prensa, “y en donde lo que tenemos son problemáticas relacionadas con los dueños de los medios o con los concesionarios, esa información no la tenemos clara, para poder tener una acción de mucho mayor impacto”.
Expuso que en muchos estados de la República los medios de comunicación han pasado de ser los voceros de los gobiernos locales a ser ahora objeto de uso de las organizaciones criminales, con todo lo que implica en términos de la Libertad de Prensa.
Por su parte el Representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México (OACNUDH), Javier Hernández, advirtió que en México los periodistas no se mueren, “a los periodistas los matan organizaciones del crimen organizado, pero también hay casos en los cuales la pista de poderes locales, de personas que tienen incluso conexiones con estamentos de gobiernos locales, ha sido explicitada”.
Dijo que en la procuración de justicia, en el manejo de todo el abanico de variables parece ser más la idea de que todo es posible, entonces, se conducen todas las variables y todas las hipótesis al mismo tiempo, cuando las recomendaciones internacionales sugieren que la primera de todas las variables sea siempre que su función como comunicador social o el ejercicio de esa libertad de expresión ha sido el móvil principal de la agresión.
A su vez, el Director de la organización Artículo XIX, Ricardo González, destacó el Diagnóstico elaborado por la CDHDF y se sumó a una de sus propuestas para que no sea necesario que una persona se acredite como periodista para poder investigar un caso de agresión o darle protección al comunicador por parte de la Fiscalía de la Procuraduría General de la República (PGR).
El periodista Javier Solórzano expuso que el ejercicio de los medios de comunicación debe de cuestionarse y también a los propios periodistas, “porque lo que estamos haciendo genera alteraciones, provocaciones, y en otros casos desinformaciones, es una cuestión de ética”.
El Informe muestra que en una ciudad tan cosmopolita, tan abierta, con poderes más o menos equilibrados, con impartición de justicia desigual, el ejercicio del periodismo se debe enaltecer y profesionalizar al máximo, “porque a veces no está cumpliendo con la función de informar y se ve involucrado con los propios grupos que terminan amenazando a los periodistas”.
La investigadora Perla Gómez Gallardo hizo énfasis en que los delitos contra el honor, difamación, injuria y calumnia se persiguen por domicilio y los códigos de dos terceras partes de los estados de la República siguen penalizando el ejercicio de la libertad de expresión, pese a que ya se dijo que es excesiva la responsabilidad penal y que debe ponderarse la responsabilidad civil.
Dijo que pese a que en el Distrito Federal se derogaron los delitos contra el honor y se generó la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, los jueces no la aplican, “la desconocen, siguen penalizando el daño moral como si fuera una responsabilidad civil del Código Civil, cuando ya hay una ley especial”.
Comentó que uno de los retos en el Distrito Federal es la reforma al Código de Procedimientos Penales, propuesta que está en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, “la obligación del Ministerio Público de agotar la línea de investigación por libertad de expresión cuando se asesina a un periodista”.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México