En el marco de la celebración del primer aniversario de la Marcha “Los queremos vivos”, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se suma a las voces de repudio y preocupación por las actuales condiciones de violencia, riesgo e impunidad en las que laboran las personas que ejercen el periodismo en el país.
Muestra de ello es el aumento en el número de periodistas asesinados y uno desaparecido en el presente año; casos que comparten un común denominador con los ocurridos en el pasado: la impunidad.
Las demandas esgrimidas por este movimiento sin precedentes y que cuenta con el apoyo de cientos de periodistas en todo el país, resultan hoy tan actuales como en ese entonces. El 7 de agosto de 2010 bajo el lema “Los queremos vivos” -surgido tras el secuestro del 26 de julio de tres reporteros en Gómez Palacio, Durango-, periodistas y organizaciones civiles marcharon para exigir alto a la impunidad y a las agresiones contra su labor.
En contraposición a las voces que han afirmado que las agresiones a periodistas provienen del crimen organizado, organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Artículo XIX y el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), realizaron el año pasado un minucioso trabajo de documentación en el que concluyeron que dichas agresiones provienen en su mayoría de agentes del Estado.
De acuerdo con este análisis, en el año 2010 al menos 139 periodistas y 21 medios de comunicación fueron agredidos por su labor informativa en 25 estados del país; de ellos, en 33 casos las fuerzas de seguridad del Estado fueron responsables de algún tipo de violencia, por lo que 4 de cada 10 agresiones o agravios contra periodistas provienen de agentes del Estado.
En 2011 se han registrado 8 casos de periodistas asesinados y un desaparecido. Los asesinatos más recientes fueron los de tres periodistas del diario Notiver de Veracruz, ocurridos entre los meses de junio y julio; asimismo, el Jefe de Información del periódico Novedades Acapulco fue privado de su libertad el 7 de junio pasado -de acuerdo a versiones periodísticas-, sin tener conocimiento sobre su paradero.
Estos hechos graves, se suman a dos agresiones recientes. De acuerdo a la entrevista con María Elena Balderas Gómez, reportera del periódico La Red, fue agredida físicamente el 27 de julio por el Coordinador del Partido del Trabajo (PT) en Altamira, Tamaulipas, además de proferir amenazas en su contra, señalando que llamaría al Comandante Villalón para que se la “llevara”.
La reportera relató al personal de la CDHDF que teme por su integridad física y la de su familia, por lo que solicita a la Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas que a raíz de la denuncia penal interpuesta bajo el número 350/2011, se investigue de manera pronta y expedita para fincar responsabilidad y con ello prevenir un acto de represalia.
Otra agresión ocurrió hace unos días con la detención realizada a Yuri Galván Quezada, reportera del diario Provincia de Michoacán, quien en entrevista con la CDHDF sostuvo que el 3 de agosto fue detenida por elementos de Seguridad Pública del estado, por órdenes del Director Gildardo Oropeza, del centro de salud Doctor Juan Manuel González Ureña, ubicado en Morelia.
La detención fue a raíz de que la fotógrafa que la acompañaba, captó con su cámara un acto de corrupción que ya había sido denunciado públicamente por el sindicato. Ante ello, el Director ordenó a los policías quitarles el material fotográfico y revisarle todas sus pertenencias, llevándola finalmente a la cárcel preventiva, en donde permaneció aproximadamente media hora, hasta que fue rescatada por sus compañeros del medio.
Ante estos casos, la CDHDF a través de su Relatoría de Libertad de Expresión, se pronuncia por la investigación expedita de todos los actos cometidos en detrimento a la libertad de expresión que ejercen las reporteras citadas, como ejemplo de los múltiples sucesos de esta naturaleza acaecidos en el país que demuestran la urgencia de ser atendidas las demandas esgrimidas por el movimiento “Los queremos vivos”.
Es por ello que en el marco del primer año de dicha movilización, la CDHDF afirma que el nivel de riesgo que les representa a periodistas realizar su trabajo, pasa por la clara obligación de los gobiernos en sus diferentes niveles y en sí del Estado, para garantizar el ejercicio a la libertad de expresión, salvaguardando por principio, su integridad física y su vida.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal