Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemora cada 3 de mayo desde 1993 por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de los países miembros de la Unesco con el propósito de “fomentar la libertad de prensa en el mundo”, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, indicó que las amenazas, la autocensura y los actos de violencia contra los periodistas afectan la consolidación del ejercicio de la libertad de prensa en el país.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, señaló que el tema propuesto por las Naciones Unidas para la celebración de 2011 «Medios de comunicación del siglo XXI: nuevas fronteras, nuevas barreras”, es una oportunidad para que los periodistas y la sociedad colombiana en su conjunto reflexionen sobre los desafíos de protección, seguridad, acceso a la información y libertad de la prensa colombiana en el siglo XXI.
“La tarea que tiene la prensa colombiana es compleja: Debe denunciar a pesar de las amenazas de los violentos, debe ser equilibrada y responsable para evitar desbordamientos, y debe sortear un conjunto de situaciones, que van desde la independencia económica e ideológica y el peso de las amenazas, así como la búsqueda de acceso a la información para que pueda opinar verazmente, sin miedo y con independencia”, destacó el defensor del Pueblo.
Igualmente, el Defensor del Pueblo sostuvo que las mayores amenazas a la libertad de expresión que enfrentan hoy los comunicadores del país proviene de la violencia que ejercen los grupos armados al margen de la ley, la autocensura y las trabas al acceso a la información que imponen ciertos sectores a los medios en su labor de informar a la sociedad.
Para la Defensoría del Pueblo un aspecto que dificulta el ejercicio de la libertad de expresión tiene que ver con el uso de mecanismos judiciales para neutralizar o intimidar a los periodistas por parte de personas, por lo general, vinculadas a problemas de corrupción y malversación de recursos públicos por medio de acciones de tutela o de querellas penales.
En opinión del Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, en muchos casos, estas acciones no prosperan, por falta de fundamento razonable para las mismas y, al mismo tiempo, constituyen un precedente riesgoso para el derecho a la información. El Defensor del Pueblo indicó que también se adelantan investigaciones para establecer si varios periodistas fueron sometidos a seguimientos e interceptaciones telefónicas por parte de agentes adscritos al Departamento Administrativo de Seguridad DAS.
De otra parte, en ejercicio de la Magistratura Moral, el Defensor del Pueblo dirigió en su momento una comunicación pública al Ministro de la Defensa, en la que le recordaba que cualquier actividad de monitoreo o inteligencia sobre el espectro electromagnético que llevara a la interceptación de comunicaciones privadas, debía contar con una orden previa y escrita de una autoridad judicial y ser sometida a control de legalidad.
“Es inaceptable que los periodistas terminen amenazados, refugiados, vigilados y que sufran atentados a su vida sólo porque están ejerciendo en forma democrática el derecho a informar a la sociedad”, destacó el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez. El Defensor del Pueblo sostuvo que de acuerdo con la Fundación para la Libertad de prensa –FLIP- en Colombia, durante los 2011, 23 periodistas han recibido amenazas, 4 han recibido tratos inhumanos o degradantes y 2 han sido víctimas de obstrucción al trabajo periodístico.
Al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, a propósito de la solicitud hecha por periodistas, medios de comunicación y la FLIP a la Fiscalía General de la Nación sobre la muerte de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, ocurrida a manos de miembros de grupos armados ilegales en el municipio de Segovia-Antioquia, lamentó que ese caso hubiera prescrito el pasado 24 de abril.
Finalmente, el Defensor del Pueblo expresó que se han alcanzado logros y avances en materia de libertad de expresión, pero es necesario acometer nuevas tareas y asumir retos adicionales en áreas de la promoción, sensibilización y concientización de derechos que garantice el ejercicio pleno de la libertad de expresión en Colombia.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.