Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, en conjunto con miembros de organizaciones de la sociedad civil hizo público el Informe de Libertad de Expresión en Panamá, el cual recoge valiosa información en materia de libertad de expresión y libertad de prensa, al tiempo que suscribió el Acta Constitutiva, para la instalación del Observatorio Panameño por la Libertad de Expresión.
Sobre esta iniciativa, en materia de derecho de libertad de expresión y libertad de prensa se sumaron gremios periodísticos y representantes de organizaciones de la sociedad civil como: el Consejo Nacional de Periodismo; El Fórum Nacional de Periodistas; el Sindicato de Periodista de Panamá, el Colegio Nacional de Periodistas, la Fundación Panameña de Ética y Civismo; la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, la Iglesia Católica, y el Consejo de Rectores de Panamá.
A la presentación del Informe de Libertad de Expresión en Panamá y de la firma del Acta Constitutiva del Observatorio Panameño por la Libertad de Expresión asistieron los Defensores del Pueblo de México, Raúl Placencia; Argentina, Anselmo Sella; Ecuador, Fernándo Gutíerrez; Colombia, Volmar Pérez y del Consejo Centroamericano de Ombudsman, quienes participarán en el II Foro sobre Libertad de Expresión; y una Teleconferencia desde la sede de la Organización de Estados Americano (OEA) con la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dra. Catalina Botero.
Tanto la Defensoría del Pueblo como los demás miembros de las organizaciones participantes comparten el principio que “el Observatorio Panameño por la Libertad de Expresión debe ser autónomo e independiente en su constitución y sus acciones para que pueda servir a la población y la sociedad panameña sin distinción de barrera sociales, política, económicas o culturales, ni de cualesquiera otras que limiten el derecho de la Libertad de expresión a quien lo ejerza”.
El Observatorio Panameño por la Libertad de Expresión nace de la preocupación por la vigencia de este derecho fundamental en Panamá y con la convicción que el respeto y la práctica constante de esta garantía es vital para toda sociedad democrática.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Panamá.