La Defensoría del Pueblo expresa su protesta y rechazo a la decisión asumida por la comisión de fiscales que investiga el caso Chaparina, que en días pasados dispuso el sobreseimiento del ex Viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, junto con varios generales y coroneles de la Policía Boliviana, quienes de manera directa o indirecta tuvieron participación o responsabilidad, por comisión u omisión, en los criminales hechos de represión que se ejercieron contra las y los indígenas que protagonizaban la marcha del TIPNIS, en septiembre de 2011.
Tanto la ex autoridad como los miembros de la Policía Boliviana que han sido favorecidos por la determinación fiscal, fueron señalados en el «Informe Defensorial respecto a la violación de los derechos humanos en la marcha indígena», presentado públicamente en noviembre de 2011 luego de un proceso de investigación que los identificó dentro de este evento, que se constituye el episodio más execrable cometido contra los pueblos indígenas, y en el hecho más contradictorio en el proceso de construcción del Estado Plurinacional.
La determinación de los fiscales en el caso actual, junto a la decisión asumida en 2013 de excluir de la investigación al Ex Ministro de Gobierno de esa época, se apartan del principio de justicia y siembran serias dudas respecto a la intención del Ministerio Público de averiguar la verdad histórica de los hechos a través de una investigación imparcial, responsable, seria e independiente que permita al sistema judicial procesar y sancionar a los responsables, pero sobre todo parece mostrar la decisión de dejar en la impunidad este crimen, protegiendo a quienes lo instruyeron, perpetraron y permitieron.
Desde nuestra responsabilidad de velar por el cumplimiento y vigencia de los derechos humanos y teniendo la obligación constitucional de velar por la promoción de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, queremos dejar claramente establecido que, de negarse la justicia en este caso, recurriremos a todas las instancias nacionales e internacionales para demandar que este suceso no quede en el olvido y los responsables respondan ante la justicia.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia