El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Ernesto Morales Cruz y el Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en El Salvador, Roberto Valent, consideramos oportuno pronunciarnos ante los asesinatos contra la población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, trans-género e intersexuales).
Estas personas son víctimas de discriminación, rechazo e intolerancia, lo que se evidencia en las graves violaciones a sus derechos humanos, la violencia sexual y de todo tipo basada en su género, las agresiones físicas y verbales, la estigmatización por parte de la sociedad, y la más grave expresión de rechazo: los asesinatos por odio, especialmente, hacia las mujeres trans.
En los últimos 10 años se incrementó la tasa de crímenes por odio hasta un 400%, en muchos de estos casos, los cuerpos de las víctimas revelaron signos de tortura: desmembramiento, apuñalamientos, palizas y disparos múltiples. En el 2009, la PDDH registró homicidios de tres mujeres trans identificadas como: Catherine, Tania y Betzaida, así como el asesinato de Tania Vázquez, mujer trans integrante del equipo de trabajo de la Organización COMCAVIS, ocurrida en el 2013. Todos estos hechos fueron denunciados públicamente por las organizaciones LGBTI, con el acompañamiento de la PDDH.
Durante este año, la PDDH ha registrado ya cinco homicidios de personas LGBTI: Thalía (MarlónGeovani), José Daniel Rodríguez, La Puca (UlisesHumbertoRosales); Julissa y Aurora (GeremíasR.).
Motivos de preocupación
Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos acompaño la denuncia pública de las organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas independientes, sobre los asesinatos de los que son víctimas las personas del colectivo LGBTI; y expreso como mis principales preocupaciones al respecto:
Las graves deficiencias en la atención hacia la población LGBTI cuando denuncia casos como los ya descritos ante las autoridades competentes, como la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Sumado a lo anterior, el poco interés, la falta de diligencia en la investigación de estos delitos y la ausencia de atención a las víctimas y a sus familiares, viola los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos.
La vulneración del derecho a la vida y a la justicia de la población LGBTI, especialmente de las mujeres trans, lo que trae como consecuencia impunidad, inseguridad jurídica, retardación, poco o nulo acceso a la justicia, y falta de respuesta de los casos que denuncian, además deja en evidencia, la ausencia de marcos normativos de protección especial para la población LGBTI. Todos estos son derechos humanos reconocidos en nuestras normas nacionales, en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales, ratificados y aceptados por El Salvador, y en consecuencia son de obligatorio cumplimiento.
Con respecto a la actuación de la Fiscalía General de la República y conforme a las diligencias realizadas por esta Procuraduría, mediante la notificación de oficios por la tardanza en judicializar estos procesos y en concordancia al seguimiento a las recomendaciones emitidas en los mismos, se puede evidenciar que estos crímenes hasta la fecha se encuentran en investigación, la mayoría registrados bajo el tipo penal de homicidio agravado, ya que el Código Penal no contempla los crímenes por odio.
En consecuencia el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en El Salvador expresamos:
Nuestra enérgica condena y rechazo a estos crímenes, ademásdenuestras más sentidas condolencias a las familias dolientes, las organizaciones yactivistas que trabajan en defensa de los derechos de la población LGBTI, por la pérdida de estas vidas debido al odio hacia las personas por su expresión de género o/y orientación sexual.
Llamamos a la Fiscalía General de la República ya la Policía Nacional Civil, a ampliar sus investigaciones para determinar si en estos asesinatos existe la motivación de odio hacia la expresión de género o/y orientación sexual de las víctimas y a que se sancione a los responsables, conelobjetode superar la impunidad que reviste a los crímenes contra la población LGBTI.
Hacemos un llamado al Órgano Judicial, para que al momento de ser judicializados los casos, se resuelvan bajo el principio de pronta y cumplida justicia, que se individualice y sancione a los responsables y se determine una reparación para las víctimas de estos hechos con el objetivo de superar la impunidad por estos crímenes contra la población LGBTI.
Los mecanismos de protección para las víctimas y testigos de estos hechos, deben responder de manera efectiva y propiciar que su participación durante el esclarecimiento de los hechos, no sea perturbada por amenazas contra su vida, integridad física y mental. El Estado debe establecer mecanismos que garanticen también a los familiares de las víctimas una protección integral.
En sintonía con su mandato, la PDDH reitera su compromiso institucional de continuar acompañando estas demandas de justicia, exhortando a las autoridades competentes en este ámbito y en el de la seguridad, a impulsar protocolos de atención a las víctimas de la población LGBTI y sus familiares, en todos los procesos administrativos y judiciales en los cuales tengan participación. Estos deberían incluir criterios para el trato igualitario, humano y compasivo, así como para el debido respeto de las víctimas y de sus familiares, por su dignidad; también, garantizarel acceso a la información sobre el desarrollo de sus casos y prever las medidas de seguridad que fueren necesarias, facilitándoles, además de la debida asistencia legal y psicológica especializada de forma gratuita, una pronta reparación del daño que hayan sufrido.
El Sistema de las Naciones Unidas, por su parte, reitera su compromiso de promover los derechos humanos y de acompañar decididamente las actuaciones de las instituciones nacionales, organismos de la sociedad civil y población LGBTI en general, encaminadas a garantizar estos principios fundamentales, así como aquellas que buscan un cambio cultural en favor del respeto de la diversidad y la inclusión social de la población LGBTI y otros grupos vulnerables.
Finalmente, nos comprometemos a dar seguimiento cercano a los procesos de esclarecimiento de estos hechos; así como al impulso de acciones que visibilicen, reconozcan y protejan los derechos de la población LGBTI en El Salvador.
Dado en San Salvador, a los veinticuatro días del mes de septiembre de dos mil catorce
David Ernesto Morales Cruz, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
Roberto Valent, Coordinador Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador
FUENTE: Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador