Doce Defensores del Pueblo de países latinoamericanos reunidos en Lima, luego de dos días de reflexión sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, aprobaron una resolución en la que acuerdan supervisar que los Estados realicen una adecuada implementación de este derecho.
Doce Defensores del Pueblo de países latinoamericanos reunidos en Lima, luego de dos días de reflexión sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, aprobaron una resolución en la que acuerdan supervisar que los Estados realicen una adecuada implementación de este derecho, e incorporen mejoras en las políticas públicas, en la legislación y en sus mecanismos institucionales.
La Resolución de Lima, suscrita por los defensores de Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá, Venezuela, Guatemala, además del Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México afirma que «Consideramos que garantizar el derecho a la consulta previa permite que los pueblos indígenas formen parte del proceso de decisión de su propio desarrollo, sus formas de vida y bienestar, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas».
Del mismo modo establece la necesidad de «incrementar esfuerzos en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y, en especial, del derecho a la consulta previa y reformar los canales de comunicación con los pueblos indígenas para conocer sus demandas y necesidades».
El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, en el encuentro, que se realizó los días 25 y 26 de abril, destacó la importancia de respetar las distintas visiones y las organizaciones de los pueblos indígenas en la implementación de la consulta previa.
En su intervención describió el conflicto aún no resuelto en Bolivia sobre la consulta a los pueblos indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre la construcción de una carretera por el centro del territorio habitado por tres pueblos indígenas.
«En el caso específico del derecho a la consulta por la carretera dentro del TIPNIS, que debió tener las características de ser libre, previa e informada, a nuestro criterio fue vulnerada principalmente por haberse realizado cuando el proyecto ya estaba en marcha, sin la concertación con los pueblos indígenas afectados y desde la planificación y ejecución directa del gobierno, para lo cual recurrió al trámite de involucrar a los pueblos indígenas adyacentes al parque predispuestos a la aprobación de la carretera», indicó.
En el encuentro, al que también asistieron los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se coincidió que aún persisten situaciones de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, por la subsistencia de condiciones estructurales de pobreza, exclusión y discriminación que generan afectaciones a esos derechos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Bolivia