La incorporación de los derechos indígenas a la legislación de Guanajuato, era una tarea fundamental y congruente con un Estado democrático e incluyente. Los pueblos y las comunidades indígenas deben tener acceso al disfrute pleno de los derechos y las libertades fundamentales reconocidas por normas nacionales e internacionales.
El Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera expresó lo anterior, durante el evento en que se anunció el Programa de obra pública para comunidades autóctonas que además recibieron el certificado que las identifica como tales, y que les permite recibir recursos públicos a través de servicios como salud, vivienda, agua potable, energía eléctrica, becas educativas, y otros.
El funcionario mencionó que estas acciones responden al espíritu de la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas, aprobadas en marzo de 2011, por la LXI Legislatura del Congreso del Estado.
Recordó que esta legislación indígena, materializó la exigencia que por más de una década expusieron grupos étnicos para ser considerados en la ejecución de múltiples programas.
La transformación de la realidad social de estos grupos, dijo el Ombudsman, ha experimentado una larga discriminación, explotación y marginación que será erradicada solo si se le apuesta al respeto y prestamos atención a sus circunstancias.
Por ello, dijo que en la Procuraduría de los Derechos Humanos sumamos esfuerzos con el Congreso del Estado, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas, y de manera directa con los propios interesados, para concretar la Ley que hemos referido.
Y concluyó, «en beneficio de las generaciones actuales y futuras, debemos reconocer sus derechos, costumbres y tradiciones, a fin de que prevalezca la igualdad de todos los seres humanos; solo así devolveremos un poco de la grandeza y sabiduría con la que estos pueblos han contribuido a nuestra riqueza cultural».
El evento estuvo encabezado por Xavier Abreu Sierra, Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); la Diputada Luxana Padilla Vega; el alcalde de Tierra Blanca, Benhur Cabrera Adame; Aurelio Quevedo, integrante del Consejo Consultivo de la CDI, así como por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Alejandra Reynoso Sánchez.
FUENTE: Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato