MÉXICO: Protección plena a la población indígena

La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas del país demanda acciones encaminadas a la protección plena de sus derechos y a cambiar su realidad social, dijo Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH.

El Ombudsman nacional consideró urgente la participación plural de la sociedad para alcanzar solución a los problemas de pobreza, analfabetismo, falta de condiciones adecuadas de salud, de vivienda, de oportunidades de desarrollo humano, pero sobre todo de la frecuente violencia que sufre este sector.

Al participar en el foro “El Derecho de los Indígenas a una Vida Libre de Violencia”, Plascencia Villanueva destacó las diversas formas de agravio que enfrentan, que van desde la exclusión a la discriminación, pasando por abusos físicos y psicológicos, que muchas veces ocurren en el seno familiar.

“Los usos y costumbres no justifican la violencia intrafamiliar, ni el abuso contra las mujeres y los niños en sus hogares. Es inaceptable una cultura de agresión”. Por el contrario, señaló, se debe desterrar la violencia, como la mejor manera de asegurar el pleno desarrollo de las personas, porque la familia es el núcleo social más importante.

En el marco del foro también se firmó el Acuerdo de Colaboración y Coordinación para fortalecer la protección y defensa de los derechos humanos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas que habitan Oaxaca.

Ante el gobernador Gabino Cué Monteagudo, Plascencia Villanueva indicó que se deben establecer estrategias de prevención y reparación de daños para las víctimas.

México es una nación pluricultural donde el 14% de su población, alrededor de 15.7 millones de personas se reconocen como indígenas, y de ellas, 6.6 millones no comprenden español.

Por ello, el presidente de la CNDH afirmó que es necesario buscar equiparar sus condiciones y permitirles desarrollarse plenamente con todo el potencial que tienen acorde a su cultura y a su forma de vida.

 

FUENTE: Comisión Nacional de Derechos Humanos de México