De 2010 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha logrado el otorgamiento de la libertad anticipada de 600 indígenas que cumplían alguna condena en cárceles del país, tanto del fuero común como del fuero federal. Se otorgó la libertad para 422 casos del fuero común y 178 del fuero federal; de los cuales 545 fueron hombres y 55 mujeres.
Con estas acciones han sido beneficiados grupos como el Náhuatl, Maya, Zapoteco, Mixteco, Tzotzil, Tzeltal, Mixe, Chatino, Cora, Huichol, Tlapaneco y Zoque. En lo que va del año 75 personas de diversas comunidades étnicas han alcanzado este derecho previsto en la ley. A través del Programa de Gestión de Asuntos sobre Beneficios de Libertad Anticipada para Indígenas, la CNDH atiende las peticiones de asesoría.
Como parte de las actividades desarrolladas en el marco de este Programa, la Comisión realiza visitas a diversos centros penitenciarios para entrevistarse con la población de origen indígena, analizar sus expedientes y brindar la orientación jurídica correspondiente.
La CNDH ha encontrado víctimas del ejercicio indebido de la función pública, la prestación inadecuada del servicio, falta de respuesta a sus peticiones, omisiones para la aclaración de su situación jurídica o falta de información para acceder a los beneficios legales.
El Artículo 2, Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, tienen el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Para alcanzar el beneficio de la libertad anticipada el interno debe cumplir el 60 por ciento de la condena, observar buen comportamiento, ser primodelincuente, acreditar la pertenencia a una etnia y no haber participado en delitos de alto impacto como secuestro o violación. En la actualidad se encuentran recluidos en penales de la República mexicana ocho mil 293 indígenas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos refrenda su compromiso de seguir trabajando para que los pueblos originarios de México tengan acceso pleno al sistema de procuración e impartición de justicia.
FUENTE: CNDH de México.