El Primer Adjunto a la Defensora del Pueblo, Iván Lanegra, resaltó hoy la necesidad de que el Congreso de la República y los representantes de los pueblos indígenas puedan establecer consensos en relación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, al tiempo que informó que se viene haciendo un seguimiento a dicho proceso – en el marco de su mandato constitucional – a fin de promover el respeto del derecho a la
consulta.
“En atención a las recomendaciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo y al pedido de diversas organizaciones indígenas, la Comisión Agraria del Congreso de la República amplió la etapa informativa del proceso de consulta y por ello está realizando nuevos conversatorios regionales”, recordó el funcionario, quien sostuvo que diversos representantes indígenas también han solicitado la presencia de la Defensoría del Pueblo en el referido proceso.
Sin dejar de destacar la importancia de la consulta que viene llevando a cabo la Comisión Agraria, el funcionario recordó que la Defensoría del Pueblo efectuó recomendaciones a la referida entidad para orientar el cumplimiento adecuado de todas las etapas del proceso de consulta, conforme a lo establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 0022-2009-PI/TC y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Para la Defensoría del Pueblo, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre constituye una herramienta crucial para el desarrollo de una actividad con enorme potencial para el país, de forma sostenible y con respeto a los derechos de los pueblos indígenas. De ahí la importancia de que esté siendo objeto de un proceso participativo así como de consulta a los pueblos indígenas”, sostuvo Iván Lanegra, y a la vez, recordó que aún está pendiente la aprobación de una Ley sobre el Derecho a la Consulta, acorde con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Por su parte, la Jefa del Programa de Pueblos Indígenas, Alicia Abanto, señaló que “el proceso de consulta tiene varias etapas y los conversatorios realizados por la Comisión Agraria corresponden a la etapa informativa”. La funcionaria agregó dicho proceso requiere del mayor esfuerzo y compromiso de cada uno los actores involucrados. “Los pueblos indígenas, a través de sus representantes, deben tener la oportunidad efectiva de plantear sus aportes y preocupaciones, construyéndose los acuerdos y consensos a partir del diálogo entre ellos y el Estado”.
Abanto agregó que, tanto los pueblos indígenas como el Estado deben actuar de Buena Fe. “Por ello, como ha señalado el Tribunal Constitucional, deben evitarse actitudes o conductas que pretendan la evasión o la falta de cumplimiento de lo acordado, o interferir u omitir cooperar con el desarrollo de la otra parte. Debe excluirse cualquier práctica, implícita o explícita, que pretenda impedir el desarrollo de un verdadero proceso de diálogo”, señaló.
Finalmente, recordó que el Tribunal Constitucional ha precisado que “…no se condice con el principio de buena fe que las entidades representativas de los pueblos indígenas se nieguen a llevar a cabo la consulta.”
Como es sabido, durante el presente año, la Defensoría del Pueblo ha participando en los conversatorios entre la Comisión Agraria y las organizaciones de los pueblos indígenas realizados en Ayacucho, Chiclayo, Puerto Maldonado, Cusco e Iquitos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.