La Defensoría de los Habitantes pidió explicaciones a la Comisión Nacional de Emergencias y al Ministerio de Vivienda, por el retraso en la conclusión del proyecto habitacional que pretende dotar de viviendas a las familias indígenas que resultaron afectadas por las inundaciones ocurridas en Talamanca en el año 2005.
La Defensoría ha venido dando seguimiento a este caso, en el cual según las autoridades correspondientes la adjudicación para la construcción de las viviendas se dio a la empresa Gestores de Vivienda bajo la modalidad “Llave en mano para las familias afectadas por inundaciones en Talamanca”; proyecto que iniciaría en setiembre del 2008; y que según ha constatado la Defensoría al día de hoy no ha concluido afectando a 17 familias.
En el proceso de estudio, la Defensoría recibió un oficio, el año anterior, de la Comisión Nacional de Emergencias donde se detalló que la empresa realizó dos prórrogas debido a las lluvias, situación que produjo un retraso de 1 año en la obra.
Pese a ello, conoce la Defensoría, a través de las y los afectados, que dicho proyecto habitacional no se ha concluido en su totalidad y que las familias se han visto obligadas a ocupar las viviendas aún sin terminar.
Ante este panorama, considera la Defensoría injustificable que desde el año 2005 existan familias a quienes no se les haya brindado una vivienda digna; y peor aún que durante todo este tiempo las instituciones responsables no hayan ejercido las funciones que les corresponden; específicamente el Ministerio de Vivienda, entidad responsable no sólo de garantizar el derecho a la vivienda, sino además de fiscalizar las obras desarrolladas por las empresas privadas contratadas para la construcción.
Así las cosas, la Defensoría solicitó a ambas instituciones públicas informar el estado actual y real de las viviendas construidas como parte del proyecto, las razones por las cuales la empresa no concluye las obras; así como las acciones que estarían emprendiendo tanto la CNE como el Ministerio de Vivienda por el incumplimiento de la empresa.
FUENTE: La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.